El legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, integrante del bloque Justicialista, presentó un proyecto para declarar la emergencia social y económica en Tucumán por un plazo inicial de 180 días, como consecuencia de las inundaciones que afectaron a distintas localidades tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La propuesta legislativa apunta a asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, además de impulsar medidas para la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales que resultaron perjudicadas por el temporal.

Según se detalla en el proyecto, la declaración de emergencia permitirá facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos generados por las inundaciones en diversas zonas de la provincia.

El texto también contempla la posibilidad de extender la emergencia por otros seis meses, en caso de que la situación lo requiera y los daños continúen afectando la vida cotidiana de miles de habitantes.

El respaldo de los legisladores por la declaración de emergencia

La iniciativa recibió el respaldo de legisladores de distintos espacios políticos. Manifestaron su apoyo los peronistas Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz, junto con el dirigente radical José Cano y Walter Berarducci, representante del espacio Compromiso Tucumán.

El proyecto otorga facultades al gobernador Osvaldo Jaldo para implementar todas las medidas necesarias de asistencia y contención para las personas afectadas por el desastre climático, según informaron fuentes legislativas.

Entre las herramientas previstas se encuentran subsidios, ayudas económicas directas y la puesta en marcha de programas especiales de asistencia destinados a acompañar a las familias damnificadas y promover la recuperación de las condiciones de vida.

Las medidas también apuntan a reactivar la actividad económica local, especialmente en sectores comerciales y productivos que sufrieron pérdidas a raíz del avance del agua y los daños materiales.

De acuerdo con los datos relevados tras el temporal, las precipitaciones alcanzaron cerca de 170 milímetros en las últimas jornadas, generando anegamientos y desbordes en distintas zonas.

Como consecuencia de la emergencia climática, alrededor de 15.000 vecinos debieron ser evacuados, mientras que 4.500 de ellos pertenecen a la localidad de La Madrid, una de las áreas más afectadas por las inundaciones.

Las autoridades provinciales continúan monitoreando la situación, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la probabilidad de nuevas tormentas en las próximas horas, con un porcentaje cercano al 80 %.

El pronóstico genera preocupación entre los equipos de emergencia y las comunidades afectadas, que aún trabajan para recuperar viviendas, infraestructura y servicios básicos tras el impacto del temporal.

Mientras tanto, el proyecto legislativo busca acelerar la respuesta del Estado provincial frente a una crisis que dejó miles de damnificados y que podría agravarse si continúan las lluvias en la región.