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Un hombre de 94% de discapacidad se enteró durante una transmisión radial de que su pensión había sido suspendida. Se trata de Juan Carlos Ferraz, quien llamó al programa en el que participaban los diputados provinciales Cristian Castro y Cacho Bárbaro para consultar si estaba incluido en el listado de beneficiarios afectados por las bajas dispuestas por el Gobierno nacional. Al verificar sus datos mediante una aplicación, confirmaron que figuraba entre las personas alcanzadas por la medida.
El caso se conoció durante una emisión del programa radial del Partido Agrario y Social y fue relatado posteriormente por Castro en una entrevista con Realidad Mixta, que se transmite por RadioUp. El legislador explicó que Ferraz estaba desesperado porque necesitaba el dinero para afrontar sus gastos cotidianos. El hombre debía pagar el alquiler y ya no tenía recursos para comprar comida.
"Él desesperado quería saber si estaba o no, porque tenía que pagar el alquiler, porque no tenía para comer ya a esta altura del mes... fue un choque que demuestra esto que nosotros venimos diciendo", contó el diputado.
La situación también dejó al descubierto las dificultades que enfrentan algunas personas con discapacidad para realizar gestiones administrativas. Según relató Castro, Ferraz ni siquiera podía proporcionar su número de documento porque no sabía leer ni escribir. Para completar la consulta, tuvo que comunicarse con un sobrino que vive cerca y pedirle que le facilitara los datos.
"Este señor no sabía leer ni escribir. Cuando le preguntamos el DNI, él no sabía su DNI, tuvo que llamar a un sobrino que vive cerca para que le diga y nos pase el DNI para poder verificar", explicó.
Las dificultades para recuperar la pensión
El episodio se produjo en medio de la suspensión de más de 21.000 pensiones por discapacidad en todo el país. En Misiones, se estima que entre 1.000 y 1.100 personas estarían afectadas por las bajas.
Para identificar a los beneficiarios incluidos en los listados, el equipo de Castro desarrolló una aplicación que permite realizar consultas con el DNI. Hasta el momento, recibió unas 12.000 consultas y detectó cerca de 500 personas afectadas en la provincia.
Quienes fueron suspendidos tienen un plazo de 60 días para presentar un descargo ante el organismo nacional de discapacidad. Si no completan el procedimiento, la baja del beneficio podría quedar firme.
Sin embargo, el legislador advirtió que los trámites requieren documentación médica actualizada y que conseguir turnos en hospitales públicos resulta complicado. También cuestionó la falta de oficinas de atención y las dificultades para acceder a los canales digitales, especialmente en las localidades del interior.
"En Misiones, en el interior, gente como este señor que no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo le vamos a pedir que haga un trámite digital? Es tremendo. Esa es la situación que nosotros reclamamos", expresó.
Finalmente, Castro aclaró que no cuestiona la realización de auditorías para verificar quiénes reúnen las condiciones para recibir una pensión, sino la forma en que se ejecutaron las suspensiones.
"Nosotros no estamos en contra de la auditoría. Hay muchas personas que seguramente tienen una pensión y no corresponden, no estamos en contra de que el Estado verifique, pero que esto se haga de una forma correcta, no de la forma salvaje que se llevó a cabo", concluyó.
