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La Justicia desestimó este sábado el pedido de Claudio Tapia para prolongar su autorización de viaje al exterior, en el marco de la investigación judicial que lo tiene imputado por presunto lavado de dinero y manejo irregular de fondos. El dirigente planeaba asistir a un acto de la Federación Venezolana de Fútbol en Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo.
El titular de la AFA había recibido previamente permiso para trasladarse a Colombia y Brasil, bajo ciertas condiciones judiciales, entre ellas el pago de una caución y el compromiso de regresar antes de las audiencias fijadas en la causa.
Sin embargo, la intención de extender el itinerario para incluir Venezuela fue rechazada por el mismo magistrado que autorizó el viaje original. La defensa del dirigente buscaba partir desde Río de Janeiro hacia territorio venezolano, pero el planteo no prosperó.
Situación judicial y próxima indagatoria
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, están convocados a prestar declaración indagatoria el 5 de marzo, aunque sus abogados, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, solicitaron la nulidad de esa citación.
A ambos se les atribuye la presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones, un punto central de la investigación que aún debe ser evaluado por la Justicia.
La estrategia defensiva se basa en que permanece pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra el rechazo del sobreseimiento por inexistencia de delito.
Los letrados sostienen que resoluciones del Ministerio de Economía de Argentina —como la normativa 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles y que, por lo tanto, el caso no debería encuadrarse en el ámbito penal.
No obstante, tanto la fiscalía como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero rechazaron ese argumento. El juez Amarante coincidió con esa postura al sostener que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a incumplir los pagos correspondientes.
El conflicto con la Inspección General de Justicia
En paralelo, la Inspección General de Justicia respondió a los planteos de Tapia y afirmó que la AFA continúa bajo su órbita de control.
El titular del organismo, Daniel Vítolo, calificó como “patético” el comunicado difundido por la AFA y defendió el pedido de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad.
Según explicó, la asociación nunca completó el proceso de cancelación de su inscripción ante la IGJ, un requisito indispensable para validar el traslado de su sede social a Pilar.
Además, el organismo sostuvo que la eventual veeduría no implica una intervención directa, sino un mecanismo de fiscalización para detectar posibles inconsistencias administrativas.
El conflicto judicial y administrativo mantiene abierto un nuevo capítulo en la situación institucional de la AFA, mientras la causa penal continúa avanzando y la defensa de los imputados intenta revertir las decisiones adversas.
