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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves revocar un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional el impuesto interno mínimo al tabaco. La decisión obliga a Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”, a pagar una deuda estimada por la ARCA en USD 1.400 millones por tributos impagos desde la entrada en vigencia de la norma.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, no solo pone fin a una batalla judicial de más de cinco años, sino que ratifica la potestad del Congreso para establecer políticas tributarias con objetivos extrafiscales, como la reducción del consumo de cigarrillos, siguiendo lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El conflicto se originó en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando una reforma impositiva elevó en un 70% los impuestos internos al tabaco e introdujo un monto mínimo por paquete, buscando reducir la brecha de precios entre marcas premium y productos “ultrabaratos” como Red Point, West, Master y Kiel, y así desalentar el consumo.
Otero cuestionó la medida, alegando que afectaba de forma desproporcionada a sus marcas económicas y favorecía a multinacionales como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo. En 2022, la Cámara le dio la razón a Sarandí, pero la ARCA y Massalin apelaron, llevando el caso a la Corte.
En su sentencia, el tribunal recordó que “el aumento de precios de los productos de tabaco es la medida más efectiva para reducir su consumo” y criticó que la Cámara se basara en consideraciones sobre “la realidad del mercado” sin respaldo normativo. También desestimó una presentación reciente de Sarandí para desistir del juicio y acogerse a un régimen de regularización, al no cumplir con los requisitos formales.
La resolución habilita al Estado a reclamar el impuesto mínimo desde 2017, fortaleciendo su posición en otros litigios con empresas del sector. Además, sienta un precedente con proyección internacional, reforzando la doctrina de que el derecho a la salud pública prevalece sobre los intereses comerciales.
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Con el fallo firme, la ARCA podrá iniciar acciones para ejecutar el cobro de la deuda. Paralelamente, se prevé que el Congreso y el Poder Ejecutivo refuercen el esquema impositivo al tabaco como parte de las estrategias integrales contra el tabaquismo, en línea con las recomendaciones internacionales.
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