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A través de un escrito presentado por su abogado, Martín Magram, los empresarios denunciaron una “caza de brujas” y cuestionaron la validez de los audios que dieron origen a la investigación, los cuales, aseguran, habrían sido adulterados y obtenidos de manera ilegal.
El pedido fue dirigido al juez federal Sebastián Casanello, en defensa de Emmanuel y Jonathan Kovalivker y de su padre, Eduardo, quienes sostienen que la causa afecta gravemente su reputación y puede poner en riesgo el abastecimiento de medicamentos en todo el país.
La presentación judicial coincidió con un nuevo allanamiento ordenado por el fiscal Franco Picardi en la sede de la empresa en Belgrano, donde se requirió acceso a correos electrónicos y sistemas informáticos, procedimiento que encontró resistencia por parte de la firma.
“Se ha sustanciado una verdadera caza de brujas mediante grabaciones adulteradas y obtenidas ilícitamente”, afirmó Magram en el escrito, y denunció que el proceso judicial se desarrolla en un marco de “oscurantismo” y “falta de garantías básicas de defensa”.
El letrado también advirtió que dar valor a los audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, sería “ignorar la Constitución” y abrir la puerta a que cualquiera pueda convertirse en “detective privado” para perseguir a rivales políticos, empresariales o personales.
La investigación sigue su curso, mientras la defensa insiste en que el expediente debe anularse por “violaciones flagrantes al debido proceso”.
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