En una jornada marcada por la tensión por la protesta de policías, apoyados por docentes y empleados de Salud Pública frente al Comando Radioeléctrico, el gobernador anunciará una “mejora” en los salarios para toda la administración pública. El conflicto dejó expuestos a nivel nacional, los salarios de miseria que predominan entre los empleados y la enorme fragilidad de la economía de la provincia “StartUp”.
Mientras continúa desarrollándose el conflicto por el reclamo salarial que llevan adelante policías y penitenciarios frente al Comando Radioeléctrico, con el apoyo de trabajadores de Salud Pública y docentes, con una protesta frente al Comando Radioeléctrico I sobre la avenida Uruguay –con unas 7 mil personas en el lugar–, se conoció un principio de acuerdo al que habrían arribado los referentes de los uniformados y el jefe de la policía Sandro Martínez, que se presentó en el lugar.
El acuerdo incluiría una recomposición salarial y el compromiso de que no se tomen represalias contra los uniformados que se sumaron a las protestas, y que se retire la denuncia penal por sedición agravada y hurto anunciada este sábado por el cuestionado ministro de Gobierno Marcelo Pérez. De acuerdo con uno de los referentes de la protesta policial, en la negociación les revelaron que el propio gobernador Hugo Passalacqua anunciará una recomposición salarial para toda la administración pública –incluidos los policías, penitenciarios y retirados– en los próximos días.
El anuncio sería el lunes 20 o el martes 21 de mayo, pero la expectativa es por cuál sería el porcentaje de recomposición salarial que anunciará Passalacqua, con casi todos los gremios y sindicatos estatales, y los uniformados de la Policía y el SPP, exigiendo un aumento del 100% en los salarios. Se descuenta que el mandatario provincial no anunciará un incremento de esta magnitud y el viernes pasado, ofrecieron una suba del 22% a los empleados de salud pública.
El otro frente de protesta
Este lunes, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, probablemente el funcionario de peor imagen pública del gabinete de Passalacqua, junto a los también cuestionados, ministro de Educación Ramiro Aranda y la presidente del CGE, Daniela López, tienen pautado reunirse con los gremios UDA, AMET, SADOP y SEMAB, y con al sindicato controlado por la Renovación, UDPM, en la mesa de diálogo para responder al reclamo del 100% que impulsan los gremios nacionales que integran la CGT.
En ese marco explosivo, agravado por el pedido de licencia para salir del país, que presentaron Passalacqua y el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y que la Legislatura aprobó el 9 de mayo –60 días para cada uno, por cada semestre–, los medios nacionales están relevando las declaraciones de los uniformados, retirados, docentes, empleados de salud pública y del poder judicial, que se acercaron al corte de la avenida Uruguay a la altura del Comando Radioeléctrico.
Las declaraciones a los medios de comunicación presentes demuelen las opiniones del ministro Pérez y de toda la cúpula renovadora sobre los salarios que se están abonando en Misiones y sobre los motivos del reclamo, que eminentemente es salarial.
Un empleado judicial habló con el medio nacional y sostuvo que “con 45 años de antigüedad, tenemos el mote de ser los segundos peor pagos del país” y “un salario inicial no llega a los $400 mil”
La referente de UTEM, CTA y del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, Mónica Gurina, expresó que “el gobierno de la Renovación, lo que nos hace es hambrearnos. Estamos acá porque es una necesidad de nuestras familias. Lo que pagan los comedores pasó de $95 a $200 pesos, pero no alcanza y la gurizada nuestra tiene hambre”
Otra docente dijo que con 30 años de servicio, y estando a cargo de alumnos de primaria, “cobra apenas $240 mil” y que para subsistir vende yerba mate traída de la localidad de Azara. “Pagamos una boleta de luz de $150 mil”, añadió la mujer apuntando a otro de los elementos del conflicto, las abultadas facturas de la empresa provincial de energía EMSA (Energía de Misiones SA).
En tanto, un empleado de salud pública, que también llegó al corte de los uniformados, sostuvo al móvil del medio nacional “que tenemos un promedio salarial de 400 mil. Dijeron que éramos personal esencial en época de la pandemia, pero ahora nadie se acuerda”, cuestionó.
Otra de las que habló con los medios nacionales fue Mayra Chávez, la profesora de secundaria que hizo una huelga de hambre de cuatro días en el Colegio Martín de Moussy, días atrás. “Me vi en la tarea desesperada de hacer una huelga de hambre, porque no me alcanzaba para darle de comer a mis hijos, habiendo cobrado el 1° de mayo. Cobré $470 mil, pero vino $46 mil de luz, y la mitad (del sueldo) fue a la tarjeta pagando el mínimo ($100 mil) El agua que me aumentó y el resto fue a mercadería, pero sin carne”, confió la docente.
“No me alcanzó para útiles en la escuela. Tengo tres hijos todos a escuelas públicas”, reveló Chávez, insistiendo en que los docentes agotaron todas las vías de reclamo “y no nos hacían caso. Acá el ausente fue el gobierno provincial y el gremio UDPM”, completó la docente ante C5N para todo el país.
En tanto, otra docente contó a todo el país que por la resolución 241/24 se quedó sin una suplencia y “con un solo cargo, tengo 29 años de servicio y estoy llegando a los $300 mil”
Otro de los docentes, dijo ser profesor y trabajar en Santa Ana, y planteó “queremos vivir en paz y lo que vivimos es un estado de guerra. Queremos resolver nuestro salario. Tengo 27 horas y estoy ganando $480 mil y tengo que pagar cuatro colectivos”, sostuvo el docente.
Uno de los docentes resumió la cuestión apuntando al poder político provincial, como causante de todo este conflicto al sostener sueldos de miseria, cortando todo canal de diálogo. “La Renovación está hace 20 años y el señor (Carlos) Rovira vive hace 30 años de la política, se atornilló (en el poder) y vivimos en un feudo”, sentenció.