La jueza federal Verónica Skanata recibió en 2017, el expediente por la denuncia de un posible desvío de fondos nacionales para pagar sueldos a dirigentes y funcionarios renovadores a través de “escuelas fantasmas”. Recién en 2022, se inhibió y envió la investigación a otro juzgado. “En Misiones hay una orden no escrita de no investigar delitos vinculados con la función pública”, señaló un conocido abogado del foro local.
La suerte del expediente por la presunta corrupción con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) parece estar echada en Misiones: después de más de 6 años, no se produjeron nuevas medidas de prueba y la causa está paralizada, luego de haber estado, durante un quinquenio, “durmiendo el sueño de los justos” en el despacho de la jueza federal con competencia electoral, Verónica Skanata.
Según confió a Radio Up 95.5, una de las denunciantes, la secretaria general de Udnam, Estela Genesini, desde que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría se inhibiera (en 2017), en la causa por la posible malversación del Fonid y remitiera las actuaciones a la jueza Skanata, sólo se produjo un movimiento en el expediente: fue el año pasado, cuando la jueza de Posadas se inhibió también, enviando el expediente a un juzgado en lo civil y comercial de la capital misionera.
La jueza Skanata tuvo el expediente por los presuntos desvíos del Fonid y el Artículo 9 entre 2017 y 2022, sin convocar a las partes –denunciantes y denunciadas–, sin rechazar los planteos de la acusación, sin producir medidas de prueba, y sin inhibirse por cuestiones de jurisprudencia. La causa estuvo literalmente “cajoneada” –como se dice en la jerga tribunalicia cuando un expediente queda en un juzgado, sin que se produzcan movimientos en la pesquisa– por espacio de casi 5 años, para que finalmente, Skanata decida remitirla a un juzgado del foro local.
Vale aclarar que Skanata no objetó lo actuado por Servini de Cubría, quien tampoco había rechazado la acusación por improcedente o infundada. Es decir, no desestimó las denuncias por la presunta inscripción de funcionarios, familiares y militantes renovadores como docentes en el sistema educativo misionero, a través de escuelas inexistentes, con documentaciones apócrifas o adulteradas, cuando se trataba de personas que no ejercían la docencia.
En otras palabras, la jueza Skanata no consideró que no había indicios para seguir investigando la trama respecto del pago ilegal de Fonid y el Artículo 9 – Adicional Compensador a funcionarios, exfuncionarios, exdiputadas y diputadas, familiares de funcionarios y militantes renovadores, que no estaban al frente de aulas al momento de percibir los estipendios. Simplemente argumentó que, por jurisdicción, no le correspondía a ella investigar un posible ilícito cometido a nivel local. De ahí que, cinco años después, Skanata remitiera las actuaciones al juzgado en lo civil y comercial n° 1 de Posadas.
De esto se desprende que, si Skanata hubiera desestimado la acusación, habría dado lugar a una apelación. Pero como tampoco se inhibió inmediatamente, ni convocó a las partes, ni ordenó la producción de pruebas, el expediente quedó empantanado, en una especie de limbo judicial, entre 2017 y 2022.
Este medio consultó al expresidente del Colegio de Abogados y exvicepresidente de la Federación de Colegios de Abogados, Rodrigo Bacigalupi, sobre el funcionamiento de la justicia en Misiones, a la luz de situaciones como la descripta: el “cajoneo” de un expediente que involucra a diputadas provinciales, exdiputadas provinciales, exdiputadas nacionales, a un exsecretario de educación y un expresidente del Consejo General de Educación de Misiones, entre otros funcionarios, exfuncionarios y dirigentes renovadores.
“En Misiones hay una orden no escrita de no investigar delitos vinculados con la función pública. Por esa razón los jueces y fiscales de toda jurisdicción no investigan. Tienen esa orden que deben cumplir o abandonar sus cargos, que mucho aprecian y por los que deben, en igual medida”, planteó Bacigalupi a ww.radioup.com.ar.
“No existe la justicia como poder (del Estado) en Misiones. El poder político la tiene subyugada. Sólo tenemos una justicia de cuantía menor, de tipo doméstica, sin la característica que le asigna la Constitución (provincial y nacional). Por lo tanto, hay que preguntar a los políticos por qué no avanza ninguna causa de corrupción, por qué incumplen y hacen incumplir la Constitución”, sentenció Bacigalupi.
