Entre mayo y octubre, hubo un crecimiento exponencial de beneficiarios de las pensiones no contributivas, que recuerda las maniobras fraudulentas y criminales que se denunciaron en Santo Pipó y en Candelaria. Además, en el municipio que gobierna la renovadora Mabel Pezoa, en octubre, inscribieron a 637 personas en el programa Progresar.
La campaña electoral del oficialismo renovador K dejó en Santa Ana un verdadero tendal de beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad: se inscribieron unas 300 personas entre mayo y octubre. De manera similar, también explotó la cantidad de beneficiarios del programa Progresar, para el estímulo a los estudios secundarios y universitarios, que usualmente se otorgan a principios de año, es decir, antes del inicio de los ciclos lectivos.
En números, de acuerdo con fuentes consultadas, la cantidad de personas que recibieron pensiones por discapacidad pasó de 396 (en 2022) a 496 (en 2023) Mientras que se habrían entregado 637 becas Progresar en 2023, la mayoría de las cuales se habrían concretado en octubre, en el mes de las elecciones nacionales en Misiones, y no a principios de año, o sea, antes del inicio del ciclo lectivo.
El festival de reparto de pensiones por discapacidad y becas Progresar, salpica por igual a las gestiones del saliente exintendente renovador Pablo Castro y de la intendenta electa, la también renovadora K, Mabel Pezoa, que reasumió el cargo este domingo, tras imponerse en las elecciones provinciales y municipales del pasado 7 de mayo.
Y este fenómeno remite a los turbios manejos de pensiones no contributivas en Santo Pipó (en 2016) y en Candelaria (2012), donde familiares y allegados de los intendentes renovadores Mabel Cáceres y Carlos Flores, percibieron pensiones en casos que están judicializados.
El pasado 30 de noviembre, la Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) Dra. Paula Martínez, respondió a un pedido de Acceso a la Información Pública (AIP) formulado por el ciudadano Emiliano Leiria Suárez, brindando un detalle de las pensiones por discapacidad vigentes en Santa Ana en los últimos 9 años.
Respecto del “listado de beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez desde el año 2015 al año 2023, de la localidad de Santa Ana – Misiones”, solicitado, Martínez informó los datos con los que cuenta la ANDIS. Según lo informado por la funcionaria, en 2015 existían 354 beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) en la comuna, en 2016 (344 PNC), en 2017 (345 PNC), en 2018 (337 PNC), en 2019 (329 PNC), en 2020 (325 PNC), en 2021 (341 PNC), en 2022 (396 PNC) y en 2023 (496 PNC)
De esta información, se deduce que aumentaron en 100, los beneficiarios de las pensiones por discapacidad en la comuna que ahora conduce Mabel Pezoa. Los números son, por lo menos, sospechosos, pero no hubo ninguna explicación oficial del fenómeno. La funcionaria tampoco reportó si los beneficiarios son residentes antiguos y nuevos en la comuna.
PNC-PENSIONES-CANTIDAD-POR-ANOEstas altas en las PNC recuerdan a maniobras turbias con el manejo de las pensiones en otras comunas gobernadas por intendentes renovadores en la última década. Por ejemplo, en abril del 2015, los entonces diputados Luis Pastori y Gustavo González, denunciaron que en la localidad de Santo Pipó, había “una situación irregular de 48 personas, familiares y amigos de la intendente Mabel Cáceres, que cobran por supuesta invalidez.”
“En Santo Pipó es vox populi que las personas allegadas a la intendente (Cáceres) cobran dinero del Estado sin realizar ningún tipo de trabajo o contraprestación, más grave aún sería este caso donde habría falsificación de certificados médicos por invalidez”, comentó por entonces González, en una rueda de prensa.
Más atrás en el tiempo hubo otro caso resonante de presunta malversación de fondos nacionales a partir del reparto de las pensiones para la discapacidad a familiares y allegados del intendente local. Ocurrió en Candelaria en 2012, donde una docena de familiares directos y allegados del intendente Carlos Flores, también cobraban pensiones por supuesta discapacidad, pese a ser empleados municipales.
De hecho, en declaraciones públicas, Flores –que resultó reelecto como intendente en Candelaria el 7 de mayo pasado– en 2012 había justificado públicamente el reparto espurio de las PNCs en Candelaria, argumentando que los sueldos municipales eran demasiado bajos. Al hacerse público este escándalo, el entonces director del Hospital de Candelaria, llegó a presentarse ante la Justicia, señalando que le habían robado el sello y falsificado la firma, para validar los pedidos de pensiones por discapacidad.
Ambas causas penales, la iniciada en 2015 por la denuncia de Pastori y González y la del 2012, que incluso fue analizada en el programa “Periodismo Para Todos” de Jorge Lanata, quedaron cajoneadas en la justicia provincial.
De todas formas, las PNCs fueron objeto de maniobras en distintas comunas de Misiones, y puede mencionarse el caso de El Soberbio, donde 30 personas allegadas al entonces alcalde Alberto Elio “Coleco” Krysvzuk cobraban pensiones por discapacidad en 2012 – 2013.
Ahora, la explosión de pensiones se detecta en Santa Ana, que a la fecha, sería una de las comunas de Misiones, con mayor porcentaje de personas con discapacidad, en comparación con la población total del pueblo.
