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El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 14 horas para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque lo hará con una modificación sustancial respecto del texto original: quedó fuera el capítulo que proponía reformar la Ley de Tierras Rurales, luego de que el Gobierno nacional reconociera que no contaba con los votos suficientes para aprobarlo.
La marcha atrás representa un nuevo revés legislativo para la administración de Javier Milei y, en particular, para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsor de la iniciativa.
Con la eliminación del apartado más controvertido, el oficialismo concentrará sus esfuerzos en conseguir la aprobación de los cambios que permanecen en el proyecto: reformas al régimen de desalojos, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, cambios en la legislación sobre expropiaciones y la creación de un sistema federal para la gestión de registros inmobiliarios.
El Gobierno retiró la reforma a la Ley de Tierras por falta de apoyo político
La principal novedad de la sesión será, precisamente, aquello que ya no formará parte del debate.
La propuesta oficial buscaba elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de propietarios extranjeros. Sin embargo, el rechazo político y social fue creciendo durante las últimas semanas hasta alcanzar incluso a gobernadores considerados dialoguistas, cuyos legisladores suelen acompañar las iniciativas del Ejecutivo.
Entre quienes manifestaron reparos se encontraban los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta, cuyos espacios terminaron retirando el respaldo al proyecto.
Ante ese escenario, la conducción del bloque oficialista en el Senado decidió retirar definitivamente ese capítulo para evitar una derrota en el recinto.
La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad y jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, durante una reunión con los senadores oficialistas celebrada menos de un día antes de la sesión.
La caída del capítulo sobre tierras constituye uno de los principales tropiezos parlamentarios del ministro Federico Sturzenegger, quien además sufrió otra derrota política luego de que el Gobierno suspendiera el decreto que buscaba desregular el practicaje marítimo en los puertos argentinos.
Antes del debate deberán resolver si autorizan la participación virtual de dos senadores
La sesión comenzará con una votación previa para determinar si dos legisladores podrán participar de manera remota.
Se trata de:
- Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de 32 semanas y no puede trasladarse en avión.
- Flavio Fama, senador radical de Catamarca que atraviesa la recuperación de una cirugía de rodilla.
Ambos recibieron una autorización administrativa de la presidencia del Senado para conectarse desde sus provincias por razones médicas, aunque esa decisión deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara.
El tema genera especial atención debido a que la modalidad virtual continúa siendo objeto de debate entre distintos bloques parlamentarios.
Victoria Villarruel no presidirá la sesión
Otro dato político relevante será la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no estará al frente de la sesión porque asumirá transitoriamente la Presidencia de la Nación durante el viaje oficial de Javier Milei a Ecuador y Colombia.
La decisión del Ejecutivo también tiene una lectura política: al quedar a cargo del Poder Ejecutivo, Villarruel no podrá ejercer la presidencia del Senado ni intervenir en una eventual votación empatada.
Desde el oficialismo consideran que el escenario podría presentar una paridad ajustada, por lo que evitar la posibilidad de un voto definitorio de la vicepresidenta aparece como una estrategia política del Gobierno.
Cambios a la Ley de Manejo del Fuego
Uno de los capítulos que sí seguirá en discusión propone modificar la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, eliminando restricciones incorporadas durante el gobierno de Alberto Fernández para impedir cambios de uso del suelo tras incendios.
Actualmente, la normativa establece que:
- los bosques nativos o implantados incendiados mantienen durante 60 años la prohibición de modificar el destino de esas superficies;
- en áreas agropecuarias y pastizales afectados por incendios rige una restricción de 30 años para desarrollar emprendimientos inmobiliarios, modificar el uso del suelo o iniciar determinadas actividades productivas.
La iniciativa oficial elimina esos plazos de protección.
No obstante, el proyecto mantiene la obligación de realizar tareas de restauración ambiental sobre las áreas afectadas.
El argumento del Gobierno es que las restricciones actuales afectan el derecho de propiedad y exceden los objetivos originales de la legislación.
Reformas al régimen de desalojos
Otro de los puntos centrales del proyecto introduce modificaciones al Código Civil y Comercial para ampliar las posibilidades de solicitar un desalojo.
La propuesta establece que podrán promover estas acciones no solamente los propietarios, sino también "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado".
Asimismo, el texto dispone que:
- el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble cuando el derecho invocado resulte verosímil;
- en casos donde existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, deberá garantizarse un plazo de hasta diez días para ofrecer una solución habitacional antes de concretar el desalojo.
El oficialismo sostiene que las modificaciones buscan agilizar procesos judiciales y brindar mayor protección al derecho de propiedad, mientras que sectores opositores advierten sobre el posible impacto social de una aplicación más rápida de los desalojos.
Expropiaciones: interpretación más restrictiva y nuevos límites
El proyecto también introduce cambios relevantes en la legislación sobre expropiaciones.
Entre las principales modificaciones figuran:
- la incorporación del criterio de que la utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva;
- el reconocimiento de indemnizaciones por lucro cesante, siempre que sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación;
- la fijación de un plazo máximo de 90 días para la denominada "ocupación temporánea anormal".
Según el oficialismo, estas reformas buscan brindar mayor previsibilidad jurídica y limitar el alcance de las expropiaciones impulsadas por el Estado.
Crearán una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria
Otro apartado del proyecto prevé la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que administrará una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.
La iniciativa permitirá centralizar trámites vinculados con los registros de la propiedad de todas las provincias, incluyendo:
- pago de tasas;
- solicitud de informes;
- obtención de certificados;
- acceso a copias expedidas por cualquier registro inmobiliario del país.
La medida apunta a unificar procedimientos administrativos y simplificar la gestión documental entre las distintas jurisdicciones.
Una sesión marcada por las tensiones políticas
Aunque el proyecto llegará al recinto significativamente reducido tras la eliminación del capítulo sobre tierras rurales, la sesión promete convertirse en un nuevo escenario de disputa entre el oficialismo y la oposición.
La búsqueda del quórum, la habilitación de la participación virtual de dos senadores, la ausencia de Victoria Villarruel y las diferencias sobre las reformas en desalojos, manejo del fuego y expropiaciones anticipan un debate intenso en una jornada clave para la agenda legislativa del Gobierno nacional.
El oficialismo eliminó el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros para destrabar el debate de la ley de propiedad privadahttps://t.co/EEDmfwcgbr pic.twitter.com/Zyn0xFPJUu
— Radio Up (@radioupar) August 5, 2026
