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La Agencia Nacional de Seguridad Vial reformó el sistema de licencias para transportistas: se elimina la “doble licencia” y se reducen costos, plazos y exigencias.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente del Ministerio de Economía, oficializó una reforma integral del sistema de licencias de conducir profesionales. El nuevo esquema, que entrará en vigencia a partir de la publicación de la Disposición 219/2025 en el Boletín Oficial, busca simplificar trámites, eliminar duplicaciones y transparentar los procesos administrativos en todo el país.
La medida implica un cambio estructural: se elimina la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti) —conocida popularmente como el “registro Moyano”—, que obligaba a los choferes de carga y pasajeros a cumplir con gestiones y controles adicionales. Desde ahora, las licencias profesionales de las categorías C, D y E se tramitarán directamente en los Centros de Emisión de Licencias (CEL) municipales y provinciales. “El objetivo es aliviar la vida de los trabajadores del transporte y terminar con negocios armados en gestiones anteriores”, expresó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Fin de la “doble licencia”: vuelve la gestión local
La disposición restituye a los municipios y provincias la potestad de otorgar licencias profesionales dentro del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC). Esto significa que los conductores ya no deberán tramitar dos licencias distintas —una provincial y otra interjurisdiccional—, sino que una única credencial nacional habilitará el manejo en todo el país.
Esta medida se enmarca en el proceso de desregulación del Estado impulsado por el Gobierno nacional y busca reducir costos, acortar plazos y descentralizar la gestión. Además, se reconoce que la normativa anterior, la Disposición 54/2025, había generado “numerosas dificultades operativas y logísticas” en distintas jurisdicciones, lo que derivó en demoras y mayores costos para los usuarios.
Cambios en la evaluación y los cursos de capacitación
La nueva disposición elimina la obligatoriedad del simulador de manejo, uno de los principales reclamos de los transportistas. En adelante, los exámenes prácticos podrán realizarse en circuitos cerrados o calles de baja circulación, con cortes transitorios y condiciones de seguridad controladas.
También se reducen las horas de capacitación para la obtención y renovación de licencias. En el caso de las renovaciones, bastará con un examen psicofísico y una instancia teórica de actualización, mientras que los nuevos aspirantes cursarán la mitad de las horas que exigía el esquema anterior.
Nuevos centros emisores y control digital
La norma crea dos tipos de Centros de Emisión de Licencias (CEL):
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Tipo A (avanzado): habilitados para emitir todas las clases de licencias.
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Tipo B (intermedio): destinados a otorgar licencias de las clases A, B y G.
Ambos deberán cumplir con estándares técnicos básicos, aunque contarán con mayor flexibilidad operativa. Las auditorías seguirán a cargo de la ANSV, que implementará un sistema informático de registro digital de exámenes, con el fin de unificar criterios, prevenir irregularidades y garantizar trazabilidad en todo el país.
Nuevo examen psicofísico: más riguroso y con test de sustancias
Uno de los cambios más significativos se da en el examen psicofísico para las licencias profesionales de las clases C, D y E. A diferencia del trámite tradicional, deberá realizarse en prestadores médicos registrados ante la ANSV, tanto públicos como privados.
Entre los requisitos se incorpora un test de sustancias psicoactivas en orina, que analizará el consumo de cocaína, marihuana, benzodiacepinas, anfetaminas y barbitúricos.
Además, el examen incluirá estudios de laboratorio obligatorios —hemograma, glucemia, colesterol y orina completa— y un electroencefalograma (EEG), sumado a un electrocardiograma (ECG) en casos específicos.
En el aspecto psicológico, se exigirá una batería de tests diagnósticos estandarizados, como Toulouse, Bender, Persona bajo la lluvia, Cuestionario desiderativo y Test de Raven, con puntajes mínimos de aprobación. Todo aspirante deberá presentarse con 8 horas de ayuno y completar una nueva declaración jurada de salud.
Renovación obligatoria: curso presencial de actualización
Para los conductores que ya cuentan con licencia profesional, la renovación incluirá un curso presencial obligatorio de 5 horas reloj, centrado en actualización normativa, convivencia vial, factores de riesgo y nuevas tecnologías.
En el caso de los mayores de 71 años, este curso se exigirá cada dos años, aunque el examen psicofísico continuará siendo anual.
Formación inicial: nueva estructura para las ampliaciones
Quienes obtengan su licencia profesional por primera vez —es decir, quienes amplíen desde una clase B1 con al menos un año de antigüedad— deberán realizar una Formación inicial única de 8 horas. Esta instancia será presencial y teórico-práctica, con un contenido básico común y un contenido específico por subclase (C1, D1 o E1).
La práctica se desarrollará en circuitos cerrados con vehículos de la clase solicitada, bajo supervisión de instructores habilitados por la ANSV.
Aranceles libres y control estatal
Otra de las novedades es que los prestadores de capacitación y prestadores médicos podrán establecer libremente sus aranceles, siempre bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad con el servicio ofrecido.
Aunque los costos no estarán regulados, la Agencia Nacional de Seguridad Vial mantendrá el poder de supervisión y control de los prestadores, centros emisores y jurisdicciones adheridas al sistema nacional.
Un nuevo marco legal para un sistema más simple y federal
Con la Disposición 219/2025, la ANSV busca dejar atrás un sistema considerado burocrático, costoso y desactualizado, apostando a una estructura más ágil, descentralizada y moderna, que priorice la formación de calidad, la trazabilidad digital y la responsabilidad individual de los conductores profesionales.
El organismo conducido por Francisco Díaz Vega remarcó que esta reforma mantiene los estándares de seguridad vial, pero ajusta las exigencias a la realidad de los trabajadores del transporte y a las capacidades de los municipios y provincias.
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