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A 25 años de la aparición sin vida de Silvia Andrea González, el reclamo de justicia de su familia continúa. La joven había desaparecido el 11 de octubre de 2001 en Campo Viera y su cuerpo fue encontrado el 18 de octubre de aquel año al costado de un camino vecinal. Un cuarto de siglo después, su madre, Bertolina Dolores “Lola” Maciel, mantiene la búsqueda de respuestas.
El abogado Claudio Quevedo, representante de la madre de Silvia Andrea, reconstruyó en el programa Arriba la Radio, por Radio Up, el extenso recorrido judicial de una causa atravesada por dos debates orales, una instrucción suplementaria que se prolongó durante años y distintas instancias recursivas.
Según explicó, el reclamo vinculado con la eventual responsabilidad estatal todavía se encuentra pendiente de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Actualmente ese reclamo está en la Corte sin que todavía, por lo menos, hayamos sido notificados de alguna decisión”, sostuvo Quevedo.
De Campo Viera a una causa que atravesó más de dos décadas
Silvia Andrea González desapareció en Campo Viera y fue hallada muerta el 18 de octubre de 2001. Quevedo recordó que en 2003 comenzó un juicio oral que debió suspenderse luego de la aparición de un testigo que involucró a Hugo Dante “Willy” Ríos, hijo del entonces intendente de Campo Viera y candidato a gobernador, Juan Carlos Ríos.
A partir de allí se abrió una instrucción suplementaria y, según la reconstrucción realizada por el abogado, también se investigó la actuación de integrantes de la comisaría local.
El segundo juicio oral llegó una década después, en 2013. Quevedo explicó que hubo condenas en esa instancia, entre ellas contra Hugo Dante “Willy” Ríos, pero posteriormente el Superior Tribunal de Justicia revisó el fallo y terminó sobreseyéndolo.
El abogado también remarcó una particularidad procesal que condicionó la intervención de la familia: en aquel momento los padres de Silvia Andrea participaron como actores civiles y no como querellantes, debido al régimen procesal vigente cuando se inició la causa. Esa diferencia, sostuvo, limitó las posibilidades de la familia para actuar como acusadora particular y recurrir determinadas decisiones dentro del proceso penal.
El reclamo por la eventual responsabilidad del Estado
Una de las líneas que Quevedo mantiene abierta está relacionada con la actuación estatal y, particularmente, con lo ocurrido en la dependencia policial de Campo Viera.
El abogado recordó que los policías investigados no terminaron condenados y explicó que, desde la posición de la familia como actores civiles, el reclamo se orientó hacia una reparación por la eventual responsabilidad estatal.
Tras diferentes planteos judiciales, el caso llegó mediante recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde, de acuerdo con Quevedo, todavía aguardan una decisión.
Pero el abogado fue más allá: aseguró que una eventual respuesta adversa o insuficiente dentro del país no significará el final del reclamo. “Mientras que tengamos salud y vida, vamos a llevar este caso”, afirmó. Y anticipó que, si no encuentran justicia en la Argentina, buscarán avanzar mediante el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos.
La posibilidad de recurrir a la CIDH
Quevedo planteó concretamente la alternativa de presentar una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la expectativa de que eventualmente el expediente pueda llegar al ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si no encontramos justicia en la Argentina, [debemos] seguir la vía del sistema protectorio interamericano de derechos humanos”, explicó.
Para el abogado, el caso también debe analizarse bajo los instrumentos internacionales destinados a proteger a las mujeres frente a la violencia. En ese sentido, mencionó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará como parte del marco jurídico internacional que consideran aplicable.
El padre de Silvia murió sin conocer el desenlace
Los 25 años transcurridos también dejaron una consecuencia irreversible para la familia. Julio César González, padre de Silvia Andrea, murió en 2018 sin haber podido conocer un desenlace definitivo del reclamo judicial. “Sigue Lola con su reclamo”, expresó Quevedo al referirse a la madre de la víctima, quien continúa reclamando justicia.
El paso del tiempo, sostuvo el abogado, no hará que abandonen el caso. Su última definición sintetizó la posición de la familia después de un cuarto de siglo: “Si no tenemos justicia acá en Argentina, no hay duda de que vamos a continuar buscando justicia afuera”.
