La causa data de agosto del 2021, cuando la víctima ratificó la denuncia ante el juez de instrucción n° 1 de Posadas, Marcelo Cardozo. El acusado, Rodolfo Barreto, estuvo prófugo y se entregó un día después de la ampliación de la denuncia. Su jefa, Marcela Crechuska, le dio vacaciones mientras estaba con pedido de captura y después lo habrían nombrado en otro cargo en una cooperativa. Además, Barreto tiene otra denuncia en su contra por violar a una menor de edad en 2018, pero nunca se realizó la Cámara Gesell. En los últimos dos años, ningún dirigente, funcionario o diputado camporista habló del caso que salpica a la diputada nacional Cristina Britez. Tampoco lo hicieron los funcionarios provinciales vinculados a los derechos humanos o al área de Género.
Una trabajadora violada dentro de la sede del PAMI en Posadas, un funcionario de La Cámpora acusado, prófugo y luego reintegrado en su trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Y un juez penal que está muy cerca de ser ascendido a juez federal de Puerto Iguazú, sin avanzar con la investigación que, para muchos, de no mediar la cuota de protección política del acusado, ya habría llegado a juicio. Tal parece ser el estado de la cuestión en la causa por abuso sexual con acceso carnal contra Rodolfo Barreto, el funcionario de La Cámpora que fuera acusado de violar a una empleada de limpieza en agosto del 2021, y que no sólo sigue en libertad, sino también, estaría trabajando ligado al Estado nacional.
El caso no sólo desnuda una posible protección judicial y respaldo político con el que contaría el acusado, sino que además deja en evidencia el perfil totalmente refractario a las cuestiones de género del juez de instrucción n° 1 Marcelo Cardozo, que, paradójicamente, defendió su pliego para ser designado como juez federal de Iguazú en su “experiencia” con la “creación de secretarías especializadas en violencia de género y abuso sexual” en “varios juzgados de Posadas”.
Por supuesto, ni la titular del PAMI Marcela Crechuska -que le otorgó vacaciones a Barreto cuando estaba prófugo de la justicia- ni la diputada nacional Cristina Britez, hablaron públicamente del funcionario camporista acusado de violación. Una causa que parece completamente sepultada y cajoneada en el juzgado de instrucción que preside Cardozo. Sólo Crechuska firmó un comunicado del PAMI, al nacionalizarse el escándalo, sin solidarizarse con la víctima.
Fuentes de Radio Up 95.5 confirmaron que Barreto fue director del área social del PAMI que preside la camporista Crechuska e inclusive, volvió al puesto después de estar denunciado por el abuso sexual con acceso carnal dentro de la sede del organismo en Posadas. Actualmente Barreto no desempeña funciones en el PAMI, sino que lo habrían “reincorporado” en una cooperativa que estaría vinculada a La Cámpora. Lo que indica que Barreto está en libertad porque el juez Cardozo no considera que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Y que la causa está estancada, sin avances sustantivos, lo que en la jerga judicial se conoce como “cajoneada”, es decir, cuando un expediente queda archivado en un cajón o depósito.
El caso escandaloso en el PAMI
Barreto, quien fue Referente del Equipo de Recursos Humanos de la Unidad de Gestión Local XVIII del PAMI Misiones, estuvo prófugo desde el 19 de agosto hasta el 27 de agosto del 2021, es decir, desde el momento en que la víctima radicó su denuncia en la Comisaría de la Mujer de la Zona Centro de Posadas, hasta que la joven de 23 años (hoy tendría 25) ratificó y amplió su denuncia ante el juez Cardozo (26 de agosto del 2021) El abuso sexual con acceso carnal habría sido perpetrado a principios de ese mes.
El funcionario jerárquico del PAMI, sería un militante que hasta entonces era cercano a la diputada nacional Cristina Britez, participando activamente en la campaña de la legisladora en 2019. Lo designaron en su cargo en el PAMI, el 7 de Mayo del 2020.
Según la denuncia que consta en el expediente que tramita el juez Cardozo, el acusado la molestaba y amenazaba constantemente, advirtiéndole que no hiciera ruido porque él podría dejarla sin trabajo. Y sobre el abuso reveló: “(…) Hace dos semanas aproximadamente, siendo las 18 hs., Rodolfo me pidió que limpie su oficina que se encuentra en el tercer piso, una vez en el lugar, este cierra la puerta y la llavea (…)”.
“Me empezó a manosear y yo intento sacarme”, sostuvo la víctima, quien añadió que en el forcejeo, Barreto la tomó de los brazos por la fuerza, le bajó el uniforme y la violó. “Me dijo que era un rapidito”, dijo la joven ante la Comisaría de la Mujer. Apenas pudo, la empleada escapó de la oficina en estado de shock. La víctima continuó trabajando en el PAMI pero, días más tarde, cuando estaba en el subsuelo del edificio, Barreto volvió a atacarla, pero ella logró escapar. Días más tarde, logró que la empresa le cambiara el lugar de trabajo.
En su descargo ante el juez Cardozo, el funcionario camporista dijo que la relación había sido “consensuada”. Es decir, apeló a la vieja estrategia “patriarcal” para justificar los abusos, planteando que la víctima consentía la relación sexual.
El sugestivo descargo del PAMI
Tras conocerse la gravísima acusación el PAMI emitió un escueto comunicado. “La dirección ejecutiva de PAMI Misiones tomó conocimiento el martes de una denuncia por abuso sexual que compromete a un funcionario jerárquico de la representación provincial del organismo”, indicaron desde el organismo que preside Crechuska, en agosto del 2021. “Las y los directivos de PAMI Misiones manifiestan estar a entera disposición de la Justicia local para colaborar con los requerimientos de prueba que se soliciten, además garantizan el acceso a los sectores edilicios del organismo en caso de que los investigadores así lo soliciten”, añadieron en el comunicado.
“Además, las autoridades provinciales del instituto han decidido iniciar un sumario preventivo para determinar la veracidad de los hechos y establecer, en caso de que se requiera, las sanciones administrativas que correspondan”, indicaba el comunicado del PAMI, por entonces. Sin embargo, el comunicado no habla de víctimas ni victimarios. “Queremos y necesitamos conocer la verdad y estamos dispuestos a ir a fondo para que ello suceda. Todos los que somos parte de la UGL Misiones estamos conmocionados con la noticia, y estamos poniendo en marcha esquemas de contención y acompañamiento para las y los trabajadores que lo requieran”, sostenía el comunicado firmado por la camporista jefa del PAMI.
Desde luego, este comunicado se dio a conocer a casi una semana de radicada la denuncia y luego de que Crechuska le firmara una licencia de vacaciones al acusado, mientras estaba prófugo. Después de esto, no hubo ninguna mención pública de la funcionaria -o de su jefa política, Cristina Britez- en referencia al caso Barreto.
La denuncia previa por abuso sexual y corrupción de menores
Sin embargo, el escándalo no quedó allí. Es que, en septiembre de ese año, cuando el juez Marcelo Cardozo firmó la excarcelación para el acusado, se conoció otra denuncia por abuso sexual, pedofilia y corrupción de menores contra Barreto. Esa causa anterior contra el funcionario de La Cámpora Misiones, quedó radicada en el juzgado de instrucción 3 que preside el juez Fernando Verón. La denuncia por abuso de menores fue radicada en 2019, mucho antes de que lo designen Referente del Equipo de Recursos Humanos de la Unidad de Gestión Local XVIII – PAMI Misiones, en mayo del 2020.
En este caso, la víctima del abuso sexual es una joven que por entonces tenía 16 años. Según el portal La Voz de Misiones, el papá de la víctima hizo la exposición en la Comisaría de la Mujer zona Centro, el 16 de septiembre del 2019. El denunciante dijo ante la Comisaría que su hija de 17 años le confesó que había sido violada un año atrás (en 2018) por su ex cuñado (Rodolfo Barreto), mientras militaban en la agrupación kirchnerista “La Cámpora”. Barreto, por entonces, era pareja de la hermana mayor de la víctima. Según se desprende de esa acusación, la joven se animó a contarle los sucesos a su mamá luego de hablar con la psicóloga de la escuela a la que iba. Ante la gravedad de los hechos, la profesional le manifestó a la adolescente que debía presentar la denuncia.
Además, la denuncia policial detalla que el abuso sexual habría ocurrido cuando la joven acompañaba a Barreto a realizar campaña política para La Cámpora (en 2018). En ese contexto, el ahora funcionario kirchnerista la invitó a un departamento, donde sucedieron, según el relato, los ultrajes sexuales a la adolescente. Sin embargo, para septiembre del 2020, esa causa en el juzgado 3 de Fernando Verón, no prosperó. Según el denunciante, el juez citó a toda su familia a declarar, pero esta primera víctima, ni siquiera habría declarado en Cámara Gesell. De hecho, no hubo orden de detención ni indagatoria contra Barreto en 2019, cuando el camporista trabajaba en la campaña de Cristina Britez y del Frente de Todos.
¿Un blindaje judicial y político?
Todo este derrotero judicial parece apuntar a la protección con la que cuenta Barreto, por ser militante de La Cámpora y cercano a Cristina Britez. Si avanzara una causa o las dos causas contra Barreto, los jefes de La Cámpora -empezando por Crechuska- se verían en la difícil situación de tener que explicar por qué designaron como funcionario a un acusado de pedofilia, o por qué mantuvieron vínculos laborales con un acusado de violación, que estaría trabajando en una cooperativa ligada a la agrupación creada por Máximo Kirchner.
Pero hay más. El caso Barreto expone el accionar del juez Marcelo Cardozo, quien, por un acuerdo político entre la Renovación y el kirchnerismo, fue propuesto por el Poder Ejecutivo como juez federal de Iguazú. Ya logró la aprobación en la Comisión de Acuerdos en el Senado que preside la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti y ahora necesita de la sanción de su pliego en el Senado. Como sea, Barreto sigue siendo un problema para La Cámpora, para el oficialismo nacional y para el oficialismo provincial, cuyos funcionarios -por ejemplo, la Secretaria de la Mujer y la Juventud Celia Kozachik- jamás hablaron -en público- del funcionario “violador”.
