//
Hoy se reúne el Senado de la Nación para tratar el veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con amplia mayoría (63 votos), la Cámara Alta rechazó el decreto de Javier Milei y dejó firme la ley original que declara la emergencia en el colectivo de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
La norma contó con el acompañamiento de los tres senadores por Misiones. Se trata de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (por Innovación Federal), y de Martín Goerling Lara (PRO) -quien se había ausentado en la votación de julio-.
Hace casi dos meses, el Senado había aprobado el proyecto con 55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo, mientras que en Diputados se alcanzó una amplia mayoría de 172 votos contra 73. Con esta insistencia en la ley, Milei no podrá volver a vetar la norma.
El siguiente tema en tablas es debatir sobre el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgentina (DNU). La propuesta busca que los DNU sean ratificados en un plazo de 90 días por ambas cámaras, en lugar de que solo puedan ser rechazados por una de ellas, como sucede actualmente. Además, se pretende limitar los criterios de necesidad y urgencia y acotar cada decreto a un área técnica específica, con el objetivo de evitar megadecretos como el 70/2023.
Qué contempla la ley de Emergencia en Discapacidad
El proyecto reconoce un paquete integral de medidas con impacto económico, institucional y social. Entre los principales puntos se destacan: compensaciones de emergencia para prestadores y talleres protegidos, regularización de pagos atrasados y actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.
También se impulsa una reforma en el sistema de pensiones no contributivas, con el objetivo de garantizar financiamiento estable y revisar los criterios de acceso.
La iniciativa, que declara de interés público nacional el sistema de atención a la discapacidad, incluye además un plan de fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (actualmente intervenida), con auditorías y mejoras en su base de datos, y exige mayor transparencia en la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Otro eje clave es la actualización del Certificado Único de Discapacidad, bajo lineamientos más amplios e inclusivos.
Por último, se asignan fondos específicos para el sostenimiento de centros de día y talleres de producción. La ley también incluye la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% de personas con discapacidad en el sector público.
Pensiones por discapacidad: Misiones presentó dos demandas con apoyo de ONG y 100 casos testigos https://t.co/r136pr4t6F pic.twitter.com/W1fYhYj5xZ
— Radio Up 95.5 (@radioup955) August 29, 2025
