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El proyecto de Régimen Penal Juvenil continúa su camino hacia el recinto del Senado de la Nación, donde podría ser votado en la próxima sesión convocada para el jueves, impulsada por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La iniciativa busca establecer un nuevo marco legal para menores en conflicto con la ley en Argentina, con el eje principal en la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de fijar un sistema de sanciones diferenciales y políticas de reinserción social.
La propuesta surge tras el amplio respaldo obtenido en la Cámara de Diputados y forma parte de la agenda legislativa que también incluye la ratificación del acuerdo comercial entre Mercosur y la European Union.
Los puntos centrales de la reforma penal juvenil
Uno de los aspectos más controversiales del proyecto es la modificación de la edad de responsabilidad penal, que establece que los jóvenes de 14 años o más podrán ser juzgados bajo un sistema penal especial, bajo el argumento de que poseen capacidad de comprender la gravedad de sus actos.
El régimen plantea un esquema mixto que combina una mirada sancionatoria con políticas de rehabilitación. En ese sentido, contempla un abanico de penas alternativas a la prisión y establece que los menores no podrán compartir espacios de reclusión con adultos.
Además, el texto legislativo elimina la posibilidad de condenas perpetuas para menores de edad y fija un límite máximo de 15 años de prisión para delitos graves.
Para infracciones con penas inferiores a 3 años, se descarta directamente la aplicación de penas privativas de la libertad. En los casos de delitos con sanciones de entre 3 y 10 años, siempre que no hayan provocado muerte o lesiones graves, se priorizan medidas educativas y sociales orientadas a la conducta del menor.
El dictamen también incorporó un punto clave para garantizar su implementación: el financiamiento del sistema. Se prevé la asignación de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y alrededor de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia. La inclusión de partidas presupuestarias respondió a exigencias de sectores dialoguistas, que advirtieron que, sin recursos, la norma podría quedar sin aplicación efectiva.
Un debate que divide posiciones políticas
La discusión sobre el régimen penal juvenil se inscribe en una visión de seguridad que el oficialismo vincula con el mensaje del presidente Javier Milei, resumido en consignas como “el que las hace, las paga”.
Desde este enfoque, se sostiene que un adolescente de 14 años tiene capacidad de discernimiento para comprender las consecuencias de un delito y que la aplicación de sanciones penales busca elevar el costo de la transgresión y desalentar la reincidencia.
Los sectores que respaldan el proyecto también promueven una narrativa centrada en la perspectiva de las víctimas, cuestionando las corrientes que consideran a los menores infractores como resultado exclusivo de un sistema social excluyente.
En contraste, la oposición más crítica sostiene que no existe evidencia empírica sólida en América Latina ni en otras regiones del mundo que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad o el endurecimiento de las penas reduzcan los índices delictivos.
Como ejemplo, se menciona el caso de Brazil, donde la edad de responsabilidad penal se encuentra en 12 años, mientras que la tasa de homicidios supera los 23 casos cada 100 mil habitantes. En contraste, Argentina mantiene la imputabilidad desde los 16 años y registra una tasa de homicidios cercana a 4.2 cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región.
La mirada opositora sostiene que el problema de la delincuencia juvenil responde principalmente a factores estructurales, vinculados con la desigualdad social, la exclusión educativa y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, más que a la severidad del sistema penal.
Un proyecto que marca la agenda de seguridad
El avance del Régimen Penal Juvenil representa uno de los debates legislativos más relevantes en materia de seguridad y justicia juvenil, en un contexto donde el oficialismo busca fortalecer una política criminal basada en la sanción y la resocialización.
La definición del Senado será clave para determinar si la reforma logra convertirse en ley y modificar el sistema penal destinado a los menores de edad en el país.
