Así lo manifestó Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e Investigador Principal del CONICET, en diálogo con Radio Up 95.5 durante el ciclo “El País de la Libertad”. Además, criticó el trasfondo de su aplicación.
El reciente anuncio de la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad en Argentina y su ciberpatrullaje ha generado polémica y críticas, especialmente en el ámbito académico y de derechos humanos. La medida, que permite labores preventivas de ciberpatrullaje, fue duramente cuestionada por Becerra, quien calificó la resolución como “ilegal, invasiva y técnicamente torpe”.
En este sentido, Becerra afirmó que “la resolución que implementa la ministra Bullrich sería ilegal en Europa y también en Argentina”. Además, explicó que este tipo de ciberpatrullaje “invade la privacidad, anula la presunción de inocencia y viola la inviolabilidad de las comunicaciones personales”.
En tanto, recalcó que en Argentina esta práctica se realiza sin orden judicial, contraviniendo garantías constitucionales y leyes vigentes, como la Ley de Seguridad Nacional.
Por otro lado, Becerra señaló que la nueva regulación europea sobre inteligencia artificial, que entró en vigencia el 1 de agosto, se desarrolló tras años de consultas amplias y detalladas. “La Comisión Europea consultó a organismos de derechos humanos, especialistas del ámbito científico y universitario, partidos políticos y empresas proveedoras de tecnologías de inteligencia artificial”, explicó.
Este proceso, subrayó Becerra, contrasta fuertemente con la forma en que se implementó la resolución en Argentina, la cual careció de consultas y estudios adecuados.
Becerra no ahorró críticas a la resolución de Bullrich, calificándola de “torpeza técnica” y “pobreza conceptual”. Indicó, además, que la normativa no contempla ni siquiera una lectura básica de la Constitución Nacional.
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“No me extrañaría que esto desemboque en un nuevo escalón de persecución a quienes opinan distinto al gobierno nacional o critican al gobierno nacional”, advirtió, recordando que Bullrich ya ha utilizado recursos del Estado para perseguir a personas por sus opiniones políticas en el pasado.
El investigador aclaró que, con esta resolución, “no vamos a estar más cuidados ni más controlados en el sentido de prevenir delitos”. Argumentó, además, que las herramientas de inteligencia artificial funcionan con sesgos inherentes a las bases de datos utilizadas, lo que puede llevar a la presunción de culpabilidad basada en factores como el color de piel, clase social o edad. “La investigación criminal se tiene que basar en hechos, no en probabilidades”, enfatizó.
Por último, Becerra detalló que en Europa está prohibido el scoring o asignación de puntajes y perfiles de peligro a ciudadanos mediante inteligencia artificial, debido a los sesgos que estas herramientas pueden contener. También está prohibido el patrullaje indiscriminado de redes sociales, aplicaciones y sitios de Internet, prácticas que la resolución argentina explícitamente permite.
“Para hacer una ley como esta, es necesario consultar ampliamente y tomarse el tiempo necesario para contemplar las consecuencias de esa adopción”, concluyó.
