En el marco del Día del Niño, la discusión sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad en Argentina volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, dialogó con este medio y se refirió a este tema con una postura clara y contundente, subrayando la falta de evidencia para respaldar una medida de este tipo.
“Cada diez años, aparece esta idea de bajar la edad de imputabilidad por distintas razones”, expresó Graham en el ciclo “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, refiriéndose a la constante aparición de proyectos de ley que buscan modificar la legislación vigente.
La actual discusión ha sido impulsada por un proyecto del Ejecutivo, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque Graham destacó que existen otros proyectos en circulación provenientes de diferentes bloques.
Sin embargo, la defensora fue enfática al señalar que “en general, en la República Argentina, esos proyectos de ley nunca llegaron a buen puerto”, y agregó que esto se debe a la falta de votos necesarios y a la ausencia de evidencia concreta que demuestre la necesidad de tal medida.
La realidad de los delitos cometidos por adolescentes
Uno de los argumentos utilizados para justificar la baja en la edad de imputabilidad es la percepción de un aumento en los delitos cometidos por menores de edad. Sin embargo, Graham desmintió esta idea con datos claros: “Los delitos cometidos por chicos vienen a la baja desde aproximadamente 2011”, afirmó. Según sus cifras, de los 12 millones 200 mil niños, niñas y adolescentes que hay en el país, solo el 0,47% ha cometido algún delito.
La defensora también hizo hincapié en que esta problemática no es uniforme en todo el país. “Hay provincias que efectivamente no necesitan armar un sistema judicial especializado porque no tienen una conflictividad criminal de envergadura”, explicó, citando como ejemplo a Tierra del Fuego, La Pampa y Salta, donde la criminalidad juvenil es prácticamente inexistente.
Por otro lado, Graham subrayó que cualquier intento de bajar la edad de imputabilidad contraviene las normativas internacionales, que prohíben políticas regresivas en materia de derechos humanos. “Tenemos prohibiciones del corpus iuris internacional que nos impide tomar políticas regresivas”, recordó, destacando la importancia de respetar estos compromisos globales.
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Además, Graham cuestionó la verdadera motivación detrás de estos proyectos, sugiriendo que responden más a una “agenda mediática” que a una necesidad real de política criminal. En este sentido, mencionó que, a pesar de la creciente pobreza infantil, la tasa de criminalidad entre los adolescentes sigue descendiendo, lo que demuestra que no es necesario endurecer las leyes penales.
“Hoy la urgencia del sistema judicial tiene que ser otro, que vele por la seguridad y por los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo la defensora.
Al comparar la situación de Argentina con la de otros países de la región, Graham señaló que “las legislaciones de la región no avanzan, sino que retroceden cuando bajan la edad de imputabilidad”. Como ejemplo paradigmático, mencionó el caso de Brasil, que en los años 90 redujo la edad de punibilidad a 12 años, una medida que, según Graham, no ha logrado reducir la criminalidad en ese país. “Brasil tiene un índice de criminalidad mucho más alto que Argentina, lo que demuestra que bajar la edad no reduce los delitos”, sentenció.
Finalmente, Graham concluyó su análisis con una reflexión contundente: “Es mentira que hay una relación entre la baja del delito con la baja de la edad de punibilidad. Está demostrado en el mundo que no es así”.
