La Asignación Universal por Hijo pasa a ser de $41.322, y para las provincias patagónicas, de $53.720, mientras que la Tarjeta Alimentar será de $33.000 para un hijo, $51.750 para dos hijos y $68.250 para tres hijos.
Los incrementos en los programas sociales fueron en línea con lo anunciado por el ministro de Economía como paliativo frente al efecto de la liberación de precios y la devaluación. “Por esta situación de emergencia vamos a complementar las medidas. Lo que vamos a hacer es duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar”, había señalado.
Por otro lado, Caputo informó que el plan Potenciar Trabajo se mantendrá, sin recortes, en base a lo que refleja el presupuesto de 2023. Esto implica que habrá un recorte en términos reales, ya que la inflación licuará esos ingresos. “Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios”, señaló el ministro. De esta forma, los beneficiarios percibirán $78.000, según lo establecido en noviembre de este año.
“El que corta, no cobra”
La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, anunció esta tarde cuál será la posición del gobierno frente a la movilización convocada por las organizaciones sociales para el próximo 20 de diciembre. En un mensaje grabado, difundido por el canal de Youtube de Casa Rosada, la funcionaria ratificó que el gobierno será riguroso con quiénes corten calles. “Como dijo el presidente”, el que corta no cobra, afirmó.
Informó que se iniciará una auditoría de los beneficiarios, que tiene entre otros fines eliminar la intermediación, esto es, evitar que sean los dirigentes de los movimientos sociales quiénes tengan la potestad de realizar altas y/o bajas en el cobro de un plan social.
El ejemplo recurrente es el del programa Potenciar Trabajo, que les paga 78 mil pesos a las personas desempleadas. “Se eliminarán los certificados de asistencia”, informó Petovello, en una medida que apunta hacia el mismo sentido, que los encargados de las organizaciones no puedan realizar un seguimiento de quiénes asisten a las marchas. “Nadie puede obligarlos a ir”, indicó la Ministra de Capital Humano.
