El mismo gobernador que en agosto último pagó un bono especial de 400 mil pesos a los empleados públicos, poco más de tres meses después declara la emergencia económica para la provincia. Además, anunció 10 medidas de reducción del gasto público y la suspensión de contrataciones en el Estado por seis meses.
Zamora justificó el decreto a partir de los anuncios del Gobierno de Javier Milei que implican una devaluación y la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a las provincias. “Si bien no conocemos su alcance, nos obligan a tomar medidas de precaución”, dijo Zamora.
En un video que publicó a través de las redes sociales, el gobernador enumeró los puntos que tendrán una vigencia de seis meses y firmará por decreto, y cuyo objetivo es “mantener el cuidado de los recursos, que además, por las propias palabras de los funcionarios nacionales, [el ajuste] va a generar ciertas características recesivas en la economía, que también van a bajar los ingresos de las provincias”.
Además de la suspensión de las contrataciones en el Estado y el congelamiento de vacantes, no se hará nueva obra pública, aunque no afectará a las ya licitadas y a las tareas de infraestructura. Asimismo, se controlarán de manera estricta los fondos utilizados por el Estado y el uso de vehículos por parte de funcionarios, y se suspenderán las transferencias extraordinarias a municipios.
Tras leer el comunicado desde su despacho, Zamora pidió poder “empezar el 2024 sin sobresaltos”. Enfatizó una vez más que las medidas de emergencia son por precaución a partir de los anuncios del Gobierno. “Son necesarias ante los eventuales desequilibrios que muchas provincias estamos preocupadas por tener a la brevedad”, agregó. Y cerró: “Estoy seguro de que el país va a salir adelante”.
Una por una, las 10 medidas de emergencia
-Congelamiento de vacantes, nuevos nombramientos, o contrataciones en la administración pública y organismos descentralizados.
-Congelamiento de partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial.
-Suspensión de transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comisiones municipales.
-Obra pública: se suspenderán por seis meses nuevos proyectos y licitaciones que no estén adjudicadas y/o bajo contrato. Queda exceptuado el mantenimiento de infraestructura o aquellas obras de urgencia para solucionar servicios esenciales.
-Estricto control de reducción de gastos en todos los organismos públicos con la adecuación de las estructuras administrativas. Se impondrán por seis meses límites para uso y renovación de partidas presupuestarias en fondos específicos permanentes o cuentas especiales.
-Se realizará un régimen especial para otorgamiento, rendición y control de subsidios otorgados por el Estado.
Imposición de controles de uso de fondos de cualquier índole proveniente del Estado nacional o de financiamiento internacional como también el producido por las cuentas especiales provinciales.
-Potenciar el uso de la tecnología como herramienta de eficiencia y ahorro en gastos de insumos como papelerías para que la gestión de la administración pública genere gastos mínimos e indispensables.
-Se pondrán normativas con límites y control al otorgamiento de viáticos, viajes y comisiones de servicios como también la eliminación, por ese lapso, de protocolos, eventos, recepción, cortesía, homenaje, salutación, agasajos o eventos similares que no sean debidamente autorizados o justificados.
-Estricto control de uso de vehículos oficiales bajo responsabilidad directa del funcionario a cargo y la suspensión de alquileres de vehículos, maquinarias o equipamiento por parte de las reparticiones, organismos descentralizados y entes autárquicos.
(Fuente: La Nación)
