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El lunes por la tarde y tras varios días de atenciones por problemas de salud, el niño Benjamín (8) sufrió una convulsión en su casa y fue llevado por su madre al hospital de la localidad de Santa Ana. Según la familia, en el centro de salud no había ambulancia disponible, por lo que debieron trasladarse en un vehículo particular, y al llegar tampoco había médico de guardia, por lo que las enfermeras de turno decidieron aplicarle medicamentos inyectables.
Según indican, se aguardó por más de dos horas a que llegara una ambulancia de otro municipio para el traslado al Hospital Pediátrico de Posadas, y los familiares sostienen que esa unidad no contaba con oxígeno en condiciones adecuadas y que el equipo presentaba fallas y pérdidas. Según la información oficial, el niño llegó sin vida a la capital provincial.
Reclamos por el estado del hospital de Santa Ana
El hecho desató protestas vecinales entre el martes y el miércoles. En ambas jornadas se realizaron movilizaciones frente al hospital y a la municipalidad de Santa Ana, con marchas y protestas que incluyeron quema de cubiertas y reclamos por mejoras en la atención.
Según los registros, el martes se movilizó al menos un centenar de personas y, al día siguiente, esa cifra se duplicó. Entre las denuncias que destacan se encuentran la falta de médicos de guardia, la precariedad de la ambulancia que a menudo carece de combustible y no está en condiciones mecánicas para atender urgencias, la escasez de turnos y especialistas, y el maltrato hacia los pacientes. Los testimonios señalan que madres con niños deben esperar durante horas a la intemperie, incluso de madrugada, para conseguir turnos, debido a que la directora del hospital no permite el ingreso temprano «para que no se ensucie el piso».
Los vecinos también cuestionan la idoneidad de la directora del hospital, Lucía Valenzuela, una enfermera puesta en funciones a principios del año pasado por la intendenta Mabel Pezoa, y señalan que no brindó explicaciones del caso a familiares ni amigos de la familia. En la protesta de la noche del miércoles, los manifestantes exigían que las autoridades den respuestas sobre las mejoras pendientes en el centro de salud.
Investigación judicial y versiones de la familia
En paralelo y a partir de los informes preliminares de la autopsia, la Justicia abrió una investigación que derivó en un allanamiento en la casa de la familia de Benjamín. Por orden del juzgado de instrucción, la Policía tomó medidas y levantó muestras del domicilio para analizar junto con indicios surgidos de la autopsia.
La familia expresó que en los últimos días el niño había tenido inconvenientes que requirieron la realización de una colonoscopía en el hospital pediátrico de Posadas, lo que según ellos podría haber sido confundido con algún síntoma de abuso. Además, la madre había señalado en las primeras oportunidades que hubo negligencia del Hospital de Santa Ana, ya que allí se decidió aplicar medicamentos sin orden ni prescripción médica. Por ello, según esta versión, el primer informe de la autopsia habría mostrado problemas relacionados con la administración de medicamentos, y ante ese detalle se realizaron nuevos estudios para reorientar la hipótesis hacia una posible situación de abuso.
Para los vecinos y allegados, la causa real de la muerte fue la atención deficiente en el hospital. Aunque la Justicia analiza también la hipótesis de abuso, la versión impulsada por la comunidad sugiere que este enfoque podría estar desviando la atención de las deficiencias del sistema de salud en Santa Ana, que consideran determinantes en el desenlace del niño.
Silencio y tensión en la comunidad
Muchos vecinos evitan dar declaraciones públicas con nombre y apellido por temor a represalias. La intendenta Mabel Pezoa empezó a ejercer el cargo por primera vez en 2003. Desde entonces, se ha mantenido como una autoridad permanente, con breves interrupciones para asumir en la Cámara de Diputados y luego en una gerencia del Iplyc. Por ello, mantiene una fuerte influencia política y económica en la zona a través de programas de becas municipales y vínculos con emprendimientos que concentran buena parte del empleo local, lo que según los vecinos agrava la sensación de impunidad ante la situación en el hospital.
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