Un estremecedor caso de violencia y abuso salió a la luz en la provincia de Misiones, en San Vicente donde una mujer de 29 años con discapacidad habría sido víctima de abusos sexuales sistemáticos durante más de una década, presuntamente perpetrados por su propia madre y personas de su entorno cercano.
San Vicente: la Justicia analiza una red de abusos y posible encubrimiento
La causa se inició el pasado 23 de febrero, luego de que la hermana de la víctima residente en Córdoba recibiera mensajes de WhatsApp en los que la joven pedía ayuda. Tras tomar conocimiento de la situación, viajó de inmediato a San Vicente para radicar la denuncia que dio origen a la investigación judicial.

El expediente tramita en el Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco. La madre de la víctima permanece detenida e imputada por “abuso sexual simple agravado por el vínculo”, mientras que al menos dos hombres señalados en la causa continúan prófugos, enfrentando acusaciones más graves que incluyen abuso sexual con acceso carnal.
De acuerdo a los primeros elementos reunidos en la investigación, los agresores se habrían aprovechado de la condición de discapacidad motriz de la víctima, quien además habría sido sometida a amenazas constantes para evitar que denunciara lo ocurrido. También se analiza si la mujer vivía en condiciones de abandono y sin acceso adecuado a atención médica.
El testimonio de la hermana fue clave para visibilizar la situación. En declaraciones a medios locales, relató episodios de violencia física y psicológica que habrían acompañado los abusos durante años. Según indicó, la madre ejercía maltratos constantes, incluyendo golpes e instigaciones al suicidio, además de un entorno de extrema vulnerabilidad.
Otro de los aspectos bajo investigación es la posible existencia de prácticas coercitivas vinculadas a rituales esotéricos dentro del hogar, donde la víctima habría sido obligada a participar. Asimismo, la Justicia busca determinar si hubo encubrimiento por parte de otros familiares o falta de intervención ante las señales de abuso.

En paralelo, las hermanas analizan constituirse como querellantes y sumar nuevos testimonios a la causa, entre ellos el de una docente que habría advertido indicios de abuso a través de dibujos realizados por la víctima en el ámbito escolar.
Mientras avanza la investigación, la principal acusada podría solicitar la excarcelación, lo que genera preocupación en el entorno de la denunciante. En ese contexto, ambas hermanas evalúan trasladarse a Córdoba por razones de seguridad.
El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad, así como de garantizar intervenciones judiciales con perspectiva de discapacidad y género.



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