La Policía de Misiones detuvo a dos hombres de 38 y 28 años acusados de vandalizar la red eléctrica y robar cables de la empresa Energía de Misiones en la localidad de San Ignacio, lo que provocó un corte de luz que afectó a varios vecinos. Durante un allanamiento posterior, los investigadores incautaron más de 20 metros de tendido de cobre y un arsenal de herramientas utilizadas en el ilícito. La causa ahora se centra en identificar a un reducidor del material.
El caso comenzó tras la denuncia de un empleado de la empresa eléctrica, quien advirtió el faltante de cables en la zona de transformadores ubicados sobre la Ruta Provincial N.º 210. Según explicó, la sustracción no solo ocasionó pérdidas económicas para la prestataria, sino que también dejó sin suministro eléctrico a decenas de familias de la zona.

Los operativos y las detenciones en San Ignacio
En la madrugada del 1 de agosto, tras intensas tareas de inteligencia, los investigadores detuvieron a los dos sospechosos, de 38 y 28 años. Posteriormente, con orden judicial, se realizó un allanamiento en una vivienda situada en la calle 50 de San Ignacio.
El operativo fue encabezado por el jefe y subjefe de la Unidad Regional XIII, con apoyo de efectivos de Investigaciones, Comando Radioeléctrico y Criminalística. Allí se secuestraron más de 20 metros de cables de cobre, tanto aéreos como subterráneos, además de machetes, hachas, sierras, pinzas, tenazas y un teléfono celular que será sometido a pericias.
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El circuito ilegal del cobre
Fuentes policiales de San Ignacio advirtieron que este tipo de delitos suele estar ligado a una red clandestina más amplia. “No se trata solamente de los ladrones que roban el material, sino también de los reductores que compran el cobre sustraído”, explicaron.
Las investigaciones continúan para dar con los receptores del material y desarticular el circuito ilegal que fomenta este tipo de hechos. Con estas detenciones, la Policía busca enviar un mensaje claro frente a un delito que no solo genera pérdidas millonarias, sino que además atenta contra un servicio esencial para la comunidad.



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