Carolina Goetze, ginecóloga y especialista en medicina reproductiva, dialogó con Radio Up 95.5 durante el programa “El País de la Libertad” y explicó las implicancias de la crioconservación y las complejidades legales en torno a la disposición de los embriones congelados.
En Argentina, la ley de salud reproductiva, que incluye tratamientos como la fertilización in vitro, ha permitido a muchas personas cumplir su sueño de ser padres. Sin embargo, el Código Civil, modificado en 2015, reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, generando un terreno fértil para el debate cuando se trata de embriones crioconservados.
Según Goetze, ginecóloga y especialista en medicina reproductiva, “El Código Civil argentino establece que la vida comienza cuando se forma un nuevo material genético, es decir, cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo, dando lugar a un cigoto”. Este cigoto, en el contexto de los tratamientos de fertilidad, puede ser crioconservado, es decir, congelado para su uso futuro.
La crioconservación de embriones ocurre en dos escenarios principales, explicó Goetze: “Una instancia es intratratamiento, cuando se produce más de un embrión durante el proceso de fertilización in vitro. Uno de ellos se transfiere, y los otros se congelan para un posible uso futuro”.
La segunda instancia ocurre cuando “una pareja desea preservar su fertilidad, por ejemplo, debido a un diagnóstico oncológico, optando por congelar embriones en lugar de solo óvulos”.
En cuanto al tiempo que los embriones pueden permanecer congelados, Goetze señaló que “pueden quedar en un termo de nitrógeno a menos 196 grados por muchos años. Hay casos de transferencia de embriones congelados hasta 14 años después, y el resultado fue un bebé sano”.
Esta durabilidad hace que la crioconservación sea una opción viable a largo plazo, pero también plantea preguntas sobre la disposición de estos embriones si la pareja decide no continuar con su almacenamiento.
Aquí es donde la situación se vuelve complicada desde el punto de vista legal. El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, emitido el 20 de agosto, establece que la disposición de los embriones crioconservados debe ser resuelta por orden judicial en cada caso.
“Cada persona que desee desechar los embriones crioconservados tendrá que pedir autorización a la justicia”, explicó Goetze, subrayando la carga adicional que esto supone tanto para los pacientes como para las clínicas.
Las clínicas, por su parte, se enfrentan a un desafío logístico y financiero en la gestión de estos embriones. “Nosotros, como todas las clínicas, debemos mantener los embriones congelados incluso si la pareja decide dejar de pagar por su almacenamiento”, comentó Goetze.
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Aunque las parejas firman un consentimiento informado, detallando qué desean que suceda con sus embriones en caso de no querer continuar con la criopreservación, la falta de una legislación clara deja estas decisiones en un limbo legal.
El costo de mantener los embriones crioconservados también es un factor a considerar. “El costo mensual depende de los gastos generados por la compra de nitrógeno, los medios de cultivo y el espacio”, explicó Goetze, destacando que estos costos no son fijos y pueden variar según las necesidades de cada clínica.
En cuanto a las opciones disponibles para las parejas, Goetze mencionó que, según el consentimiento informado, “pueden optar por donar los embriones a otra pareja con fines reproductivos, para investigación o solicitar el cese de la preservación”. Sin embargo, añadió que, aunque la pareja elija una de estas opciones, “la realidad es que, por más que decidan, no está contemplado legalmente porque no tenemos una ley específica”.
Este vacío legal no solo genera incertidumbre para las parejas, sino también para las clínicas, que deben continuar almacenando los embriones a pesar de las decisiones tomadas por los progenitores. Como Goetze concluyó, “Estamos a la espera de una ley que nos guíe y nos permita actuar conforme a las decisiones de las parejas y al marco legal”.
