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La discusión por el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) llegó al ámbito judicial en Misiones. La comunidad mbya guaraní Tapé Mirí presentó una demanda para exigir que se garantice el derecho a la información y a la participación ciudadana en el proceso de formación de políticas públicas vinculadas con este régimen, al considerar que no se cumplió con las instancias de consulta correspondientes.
En comunicación con el programa ''Realidad Mixta'', emitido por Radio Up, la abogada Bárbara Bertola, representante legal de la comunidad, explicó que el planteo se sustenta en las garantías establecidas por el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contempla especialmente los derechos de los pueblos indígenas: ''La comunidad Guaraní Tapé Mirí inicia una demanda solicitando la información y la participación ciudadana que es especialmente tutelada'', explicó la letrada al referirse al origen de la presentación judicial.
Según detalló, el reclamo fue realizado inicialmente por vía administrativa ante el Senado, pero no obtuvo respuesta. Ante esa situación, la comunidad decidió avanzar judicialmente. La demanda fue presentada primero en la Ciudad de Buenos Aires, aunque posteriormente pasó a la provincia de Misiones, al considerarse que aquí se ejercen los derechos de la comunidad involucrada.
La falta de estudios ambientales y el impacto del RIGI
Uno de los principales cuestionamientos de la presentación apunta a que el régimen no habría contado con estudios previos suficientes para evaluar las consecuencias de las inversiones que busca promover.
Bertola sostuvo que el RIGI no debe analizarse únicamente como un esquema de beneficios impositivos y promoción industrial, sino también por las transformaciones que podría generar en la explotación de los recursos naturales y en el ordenamiento territorial: ''Es una ley con tal impacto y con tal transformación que tiene que tener instancias en su formación previas que den lugar a la información y la participación ciudadana'', remarcó.
Para explicar los posibles efectos, la abogada tomó como ejemplo la instalación de centros de procesamiento de datos (data centers), una de las actividades contempladas entre las inversiones promovidas por el régimen.
Advirtió que estas instalaciones requieren grandes cantidades de agua y energía, además de amplias superficies territoriales. En ese sentido, planteó que una expansión masiva podría generar restricciones en el acceso a servicios esenciales y modificar las condiciones de vida de las comunidades: ''Los data center consumen muchísima agua, consumen muchísima energía y ocupan espacios territoriales amplios'', señaló.
También cuestionó que no se hayan realizado evaluaciones sobre la disponibilidad de recursos hídricos y la capacidad ambiental del país para absorber nuevas actividades industriales, así como estudios sobre las emisiones de gases de efecto invernadero: ''Esos estudios existen, se pueden hacer, pero el Estado no los hizo'', afirmó.
Por qué el reclamo apunta al Congreso
Durante la entrevista, Bertola explicó que la demanda está dirigida al Poder Legislativo porque es el ámbito que interviene en la formación de las políticas públicas y las normas.
En ese sentido, recordó que la legislación vigente establece que la información y la participación ciudadana deben garantizarse durante el proceso de elaboración de esas políticas, y no únicamente cuando los proyectos ya están en ejecución.
La abogada también cuestionó el tratamiento que recibió el pedido de audiencia pública presentado ante el Senado. Según relató, la solicitud fue descartada durante una reunión de comisión en la que se debatía el régimen.
Como antecedente, mencionó los mecanismos de participación ciudadana implementados durante los debates de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la Ley de Glaciares.
Bertola sostuvo que, al rechazar el pedido, se hizo una interpretación parcial del Acuerdo de Escazú: ''Nadie puede leer solamente el inciso 2 y no ver que estás obligado por el inciso 3'', cuestionó.
La letrada aclaró que una audiencia pública es una de las herramientas posibles, aunque no la única, para garantizar la participación de la ciudadanía y de las comunidades indígenas.
Advierten sobre posibles transformaciones irreversibles
La representante legal de la comunidad Tapé Mirí insistió en que el planteo no se limita a los derechos de los pueblos originarios, sino que involucra al conjunto de la sociedad argentina, debido a los posibles efectos ambientales y territoriales de las inversiones promovidas.
En esa línea, consideró que el Estado debe anticipar los impactos mediante estudios técnicos y científicos antes de avanzar con transformaciones de gran escala: ''Uno no puede hacer una ley de esta envergadura solamente confiando que esto va a traer bonanza si ante la incertidumbre o sospecha de que puede haber impactos negativos no se toman los recaudos'', expresó.
Finalmente, advirtió que algunas de las modificaciones que podría generar el régimen tendrían consecuencias difíciles de revertir y reclamó que se habiliten instancias de información y participación antes de que se concreten las inversiones: ''Hay daños que pueden ser medidos, hay consecuencias que se pueden evaluar antes de empezar a actuar y eso se tendría que haber hecho'', concluyó.
Por el momento, la comunidad espera que avance la notificación judicial al Congreso y que se habilite una instancia que permita escuchar su posición y garantizar los derechos de participación reclamados.
