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En un fuerte revés judicial para el Gobierno nacional, el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir, en un plazo máximo de 24 horas, todas las pensiones por discapacidad suspendidas y abonar los haberes retenidos a los beneficiarios afectados.
La medida alcanza a todo el país y obliga al organismo a abstenerse de realizar nuevas auditorías o bajas mientras se sustancia la causa judicial. La decisión responde a una acción colectiva presentada por organizaciones y entidades defensoras de los derechos de las personas con discapacidad.
El tribunal judicial reconoció que el reclamo tiene un carácter colectivo, al considerar que las suspensiones afectaron a un número masivo de titulares en diferentes provincias. Por ese motivo, el fallo extiende su aplicación a todos los beneficiarios que fueron alcanzados por las medidas de revisión impulsadas por ANDIS.
Entre las organizaciones que impulsaron el amparo se encuentran la Asociación Azul, la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APyFaDiM) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, que acompañaron la presentación en defensa del acceso a los derechos sociales básicos.
Con esta decisión, la Justicia frena temporalmente las auditorías y revisiones que venía aplicando la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo el argumento de controlar la correcta asignación de los beneficios.
La magistratura determinó que tales medidas generaban un perjuicio directo e inmediato en personas que dependen de esos ingresos para su subsistencia, y que los procedimientos no garantizaron el debido proceso administrativo.
El fallo judicial representa un duro golpe para el Ejecutivo, que en los últimos meses había intensificado los controles sobre las pensiones no contributivas. La resolución judicial obliga ahora al Gobierno a restablecer de forma masiva los pagos y revisar los criterios utilizados para suspender beneficios, lo que podría implicar un importante costo fiscal.
ANDIS deberá acatar la medida en un plazo de 24 horas, restableciendo todos los beneficios interrumpidos y pagando los montos adeudados. Además, no podrá avanzar con nuevas suspensiones ni auditorías hasta que se dicte una sentencia firme.
Mientras tanto, las organizaciones impulsoras celebraron la decisión como una victoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, destacando que “la Justicia puso un límite a una política que vulneraba derechos esenciales”.
