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El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen para trabajadores de la administración pública, mientras crecen los cuestionamientos internos por la reducción de personal y las dificultades operativas en ministerios y organismos. Desde diciembre de 2023, la dotación estatal se redujo en más de 74.000 puestos.
El nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos nacionales abrió nuevas diferencias dentro del Gobierno de Javier Milei. Mientras la administración busca profundizar la reducción de la planta estatal, funcionarios de distintas áreas advierten sobre las dificultades que genera la falta de personal para sostener las tareas de gestión.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El régimen alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a los trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado. La normativa también habilita a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a disponer una prórroga de hasta 30 días corridos para adherirse al programa, además de dictar las disposiciones necesarias para su implementación.
El decreto establece, además, que las jurisdicciones involucradas deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a quienes se incorporen al retiro voluntario, una vez que se concrete el cese de la relación laboral.
Menos empleados y dificultades en la gestión
Según los datos del INDEC citados en el artículo original, la dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales descendió a 269.025 personas en agosto de 2026. La cifra representa una reducción acumulada superior a los 74.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023.
La nueva iniciativa se suma a las distintas etapas de reducción de personal impulsadas desde el comienzo de la gestión libertaria. De acuerdo con el texto original, durante 2024 los despidos contaban con mayor respaldo dentro del oficialismo, pero esa postura comenzó a cambiar a medida que los ministerios enfrentaron dificultades para cubrir sus necesidades operativas.
A la disminución de trabajadores se sumó el congelamiento salarial, que, según el artículo, se mantuvo como una constante desde el inicio del Gobierno. En ese contexto, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionó las condiciones laborales y afirmó: “No se le puede exigir a la gente con sueldos de pobreza”. La mujer, que había reclamado mejoras salariales para su equipo, decidió dejar su cargo y regresar al sector privado.
Cuestionamientos a la política de recortes
El nuevo esquema de retiro voluntario tampoco cuenta con el respaldo unánime de distintos sectores del oficialismo. Según el artículo original, algunos funcionarios consideran que la salida de más trabajadores podría profundizar los problemas de funcionamiento en las dependencias estatales.
Las críticas apuntan especialmente a Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, que impulsa la política de reducción del empleo público.
El debate refleja las diferencias que atraviesan al Gobierno en torno al tamaño de la administración nacional y los recursos humanos necesarios para sostener su funcionamiento, en un escenario marcado por nuevos mecanismos para disminuir la planta estatal.
