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El senador nacional por Misiones Carlos Arce acompañó el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, aunque firmó el dictamen con disidencias parciales por diferencias vinculadas con el financiamiento y la coordinación entre la Nación y las provincias.
En su rol de vicepresidente de la Comisión de Salud del Senado, el legislador valoró las modificaciones incorporadas al texto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. Entre los avances, destacó el reconocimiento de los equipos interdisciplinarios, la participación de las familias en los procesos de atención y la incorporación de herramientas como la teleconsulta.
Sin embargo, advirtió que la actualización de la normativa debe contemplar las distintas realidades sanitarias del país, especialmente las diferencias entre las provincias en cuanto a la disponibilidad de profesionales y la organización de los servicios de salud mental.
El reclamo por el financiamiento nacional
Uno de los principales puntos de disidencia planteados por Arce fue la falta de un esquema de financiamiento nacional específico que garantice la aplicación efectiva de las modificaciones previstas en la ley.
“Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, que se traduzca en partidas presupuestarias identificables, criterios públicos y convenios con plazos de transferencia y mecanismos de rendición de cuentas”, sostuvo el senador.
En ese sentido, remarcó que la reforma requiere recursos concretos para sostener las medidas contempladas en la normativa. También reclamó reglas claras para la asignación y transferencia de fondos, junto con herramientas que permitan controlar su ejecución.
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La participación de las provincias
El segundo punto de disidencia estuvo relacionado con la coordinación federal para implementar los cambios. Arce planteó que el proceso debe articularse con el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama), con participación de ambos organismos en la definición y el seguimiento de las medidas.
El legislador sostuvo que las provincias deben tener un papel activo en la aplicación de la reforma, debido a que son responsables de gran parte de la atención sanitaria y conocen las necesidades particulares de sus territorios.
De esta manera, Arce respaldó los avances incorporados al proyecto, pero condicionó su acompañamiento pleno a la existencia de garantías concretas de financiamiento y coordinación federal. Su planteo apunta a que los cambios normativos cuenten con recursos identificables y mecanismos de articulación que permitan llevarlos a la práctica en las distintas jurisdicciones del país.
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