La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con 149 votos afirmativos y 100 negativos la Reforma Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa ahora deberá ser tratada en el Senado.
Uno de los puntos más debatidos fue que el texto original no contemplaba una previsión presupuestaria para su implementación en las provincias, lo que implicaba trasladar a las jurisdicciones el costo operativo del nuevo régimen.
A partir de la postura planteada por el bloque Innovación Federal, el Gobierno nacional asumió el compromiso de incorporar un capítulo específico que garantice la asignación de fondos para su aplicación.

Qué establece la Reforma Penal Juvenil
El proyecto fija la imputabilidad desde los 14 años y prevé penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros.
Para delitos con condenas menores a 10 años, contempla sanciones alternativas como amonestaciones, tareas comunitarias, prohibición de acercamiento a la víctima, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricciones de concurrencia a determinados lugares e inhabilitación para conducir.
Además, incorpora la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar situaciones complejas vinculadas a consumos problemáticos y contextos familiares vulnerables.

El reclamo por el financiamiento
Durante el debate, el diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, puso el foco en el impacto estructural y presupuestario que la ley tendría en las provincias.
Advirtió que garantizar equipos interdisciplinarios, infraestructura adecuada y dispositivos de contención implica una inversión significativa en recursos humanos y materiales. Señaló que la implementación no puede recaer exclusivamente en las provincias sin un respaldo financiero concreto de la Nación.
En ese marco, Innovación Federal reclamó que el proyecto incluya un capítulo presupuestario claro y determinado. Tras esa postura, el Gobierno asumió el compromiso de incorporar esa previsión en el texto.

Un llamado a la empatía en el recinto
En el tramo final de la sesión, Herrera Ahuad realizó un llamado al respeto y la empatía en el debate legislativo. Explicó que es una persona con discapacidad auditiva y que depende de un dispositivo para poder escuchar las intervenciones en el recinto, por lo que las interrupciones simultáneas le dificultan seguir la discusión.
El presidente de la Cámara pidió disculpas en nombre del cuerpo y solicitó a los legisladores evitar interrupciones para garantizar el normal desarrollo de la sesión. La iniciativa ahora pasará al Senado, donde continuará el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y el alcance presupuestario necesario para su aplicación en todo el país.



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