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El proyecto de reforma del régimen penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y tendrá un tratamiento acelerado: será analizado en comisión el miércoles y debatido en el recinto el jueves.
La iniciativa es la misma que obtuvo dictamen durante 2025, aunque presenta una modificación central: el Gobierno nacional incorporó un mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para garantizar su financiamiento, uno de los puntos más cuestionados en el debate previo.
Bajar la edad de imputabilidad y un régimen especial
El proyecto propone reducir la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, estableciendo un régimen penal especial para adolescentes, con un enfoque en medidas socioeducativas y penas alternativas.
Entre los cambios más relevantes, se elimina la posibilidad de dictar condenas de prisión perpetua y se fija un máximo de 20 años de condena para menores de edad alcanzados por el sistema penal juvenil.
Penas para delitos graves y límites al encierro
Según el texto, los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves podrían recibir penas similares a las de los adultos, aunque con un tope máximo de 15 años de prisión y con la excepción de no cumplir condena en cárceles comunes.
En los casos de delitos con penas menores a tres años, o de hasta diez años sin violencia grave, se priorizarán medidas de carácter social y educativo, como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, en reemplazo de la prisión efectiva.
El argumento del Gobierno: terminar con la “puerta giratoria”
Desde el Poder Ejecutivo Nacional sostuvieron que la reforma apunta a poner fin a la denominada “puerta giratoria”, que implica la reiterada entrada y salida de menores del sistema penal sin condena efectiva.
Además, remarcaron que el objetivo es condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que actualmente quedan impunes bajo el régimen vigente, regulado por la Ley 22.278, considerada obsoleta por el oficialismo.
