En un contexto económico marcado por el ajuste fiscal, el gasto público nacional registró una caída del 30% en términos reales durante el primer trimestre del año en comparación con igual período de 2023. Así lo reveló un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina, cuyo análisis fue explicado en detalle por el economista Juan Pablo Costa durante una entrevista en Radio Up.
Lejos de tratarse de una reducción puntual o administrativa, Costa advirtió que el fenómeno implica un recorte estructural profundo que atraviesa múltiples áreas del Estado y que ya comienza a mostrar consecuencias concretas en la vida cotidiana y en el funcionamiento institucional del país.
Un ajuste que profundiza el piso histórico del gasto
Costa explicó que el análisis del primer trimestre no solo se comparó con 2023, sino también con los años posteriores. Sin embargo, aclaró que la referencia más relevante es el período previo al inicio de la actual gestión, dado que en 2024 ya se había producido un ajuste significativo.
En ese sentido, subrayó que comparar únicamente con el año anterior puede resultar engañoso, ya que el gasto ya había sido reducido a niveles muy bajos. “Hoy estamos viendo que el Estado opera con un piso históricamente reducido en términos de ejecución presupuestaria”, señaló.

Salud, ciencia y control: áreas críticas en retroceso
Uno de los puntos más sensibles del informe es el impacto sobre el sistema sanitario y los organismos de control. Según detalló el economista, los hospitales nacionales registraron recortes de entre el 30% y el 50%, mientras que instituciones estratégicas como el ANMAT sufrieron una caída del 33% y el Instituto Malbrán del 35%.
Estas reducciones, explicó, no solo implican menos recursos sino una pérdida directa de capacidades estatales, especialmente en materia de regulación, control sanitario e investigación científica. “No es un ahorro menor, es un debilitamiento del rol del Estado en áreas esenciales”, advirtió.
Menos controles y riesgos crecientes
El informe también advierte sobre el impacto en organismos regulatorios. Costa mencionó, por ejemplo, la eliminación de funciones de control en el transporte y la desfinanciación de instituciones técnicas como el INTI.
Estos organismos cumplen funciones clave en la certificación de calidad, seguridad y control, desde la verificación de surtidores de combustible hasta la regulación de productos industriales. Su debilitamiento, según el analista, puede derivar en mayores riesgos para la población.
Seguridad alimentaria y exportaciones en riesgo
Otro punto crítico es la situación del SENASA, encargado de garantizar la sanidad animal y la calidad agroalimentaria. Costa alertó que su desfinanciamiento podría afectar no solo la salud pública sino también la capacidad exportadora del país.
“La pérdida de controles puede derivar en brotes sanitarios y en el cierre de mercados internacionales”, explicó, en referencia a las exigencias de calidad que imponen otros países a los productos argentinos.
Obra pública paralizada y deterioro de la infraestructura
Uno de los capítulos más contundentes del ajuste se observa en la obra pública, donde la caída alcanza entre el 78% y el 100% en algunos rubros. La paralización afecta tanto a nuevas obras como a proyectos ya iniciados, muchos de los cuales quedaron inconclusos.
Costa calificó esta situación como “contraproducente”, ya que interrumpir obras en ejecución puede generar mayores costos a futuro. Además, destacó que el impacto es especialmente grave en el interior del país, donde la infraestructura depende en mayor medida de la inversión estatal.
Desarrollo social: recortes en sectores vulnerables
El informe también revela una fuerte reducción en políticas sociales. Las transferencias a comedores comunitarios cayeron cerca del 70%, mientras que los programas de primera infancia sufrieron un recorte del 94%.
Incluso políticas de transferencia directa, como la tarjeta alimentaria, registraron una disminución superior al 40%, lo que contradice el argumento oficial de eliminar intermediarios para mejorar la asistencia.
En paralelo, la eliminación progresiva de programas como Potenciar Trabajo profundiza la pérdida de ingresos en sectores vinculados a la economía social.
Deuda pública: mayor peso en un contexto de ajuste
Mientras se reducen las partidas en áreas clave, el informe señala que el peso de la deuda pública aumentó y representa actualmente alrededor del 13% del gasto total, por encima del 10% o 11% registrado en años anteriores.
Costa vinculó esta situación con el proceso de endeudamiento iniciado durante la gestión de Luis Caputo en el gobierno de Mauricio Macri, así como con el acuerdo posterior con el Fondo Monetario Internacional.
“El problema de la deuda sigue siendo estructural y condiciona la asignación de recursos en un contexto de fuerte restricción fiscal”, afirmó.

Un Estado más chico, ¿pero más débil?
El análisis del Centro de Economía Política Argentina concluye que el ajuste no solo implica una reducción del gasto, sino una reconfiguración del rol del Estado, con menor presencia en áreas estratégicas.
Para Costa, el debate no debería centrarse únicamente en el tamaño del Estado, sino en su capacidad para garantizar derechos, regular mercados y sostener el desarrollo económico.
“Cuando se recortan estas áreas, lo que se pierde no es solo presupuesto, sino herramientas concretas para el funcionamiento de la sociedad”, sintetizó.
Impacto federal y desigualdades crecientes
Finalmente, el informe advierte que los recortes también afectan a las provincias, con reducciones de hasta el 100% en transferencias para determinadas áreas. Esta situación profundiza las asimetrías territoriales, especialmente en regiones que dependen de la inversión nacional para sostener servicios e infraestructura.
En ese marco, la caída del gasto público no solo refleja una política económica, sino también un cambio en la distribución de recursos y en las prioridades del Estado argentino.
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