Andrea Báez dialogó con el programa La Última Rosca, emitido por Radio Up, y expresó su indignación por la candidatura de Rafael López como delegado del Consejo General de Educación (CGE). La mujer continúa con el reclamo que había iniciado su madre docente por presuntas situaciones de violencia laboral, abuso de autoridad e irregularidades administrativas que, según denunció, atravesó antes de su fallecimiento.
La docente trabajaba en la Escuela de Adultos N.º 71 de Itaembé Miní y tenía un cambio de tareas luego de haberse sometido a trasplantes de córnea en ambos ojos. Según explicó su hija, contaba con apenas un 20% de agudeza visual, una condición que le impedía continuar frente a un aula convencional.

El origen del conflicto y las denuncias
De acuerdo con el relato de Báez, el conflicto se inició hacia fines de 2024, cuando su madre intervino ante una situación relacionada con un docente que, según las quejas de otros trabajadores, no asistía regularmente a clases: “Esta persona, que por ser el yerno de un alto cargo del Consejo General de Educación, amenaza con que iba a mandar a cerrar la escuela, que no sabía con quién se estaba metiendo, entre muchos otros insultos. La empuja, la amenaza de muerte. Y la directora no hizo nada”, afirmó la denunciante al recordar lo sucedido.
Según su testimonio, una compañera de la docente también intervino para asistirla y habría sufrido empujones e insultos. Ambas realizaron una denuncia policial después de su jornada laboral. Báez sostuvo que el hombre involucrado fue trasladado posteriormente, pero no recibió una sanción.
La situación, según denunció la hija, continuó con nuevos episodios de maltrato y persecución laboral contra su madre. Báez señaló que el supervisor Rafael López dispuso medidas administrativas contra la docente, entre ellas su traslado preventivo y la apertura de una instrucción sumarial, sin que existieran antecedentes previos en su contra.

Un expediente sin resolución definitiva
Durante la entrevista, Báez indicó que el Ministerio de Trabajo intervino en el caso y emitió una resolución con recomendaciones para abordar la problemática de la violencia laboral. Según explicó, las actuaciones fueron remitidas al Consejo General de Educación, organismo que debe evaluar las posibles sanciones dentro de su ámbito de competencia.
Sin embargo, aseguró que el expediente todavía no cuenta con una resolución definitiva y cuestionó las demoras en su tramitación. También sostuvo que tanto el supervisor como la directora involucrada no se habían presentado a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo.
La indignación por la candidatura al CGE
La postulación de López como candidato a delegado del organismo reavivó el reclamo de Báez, quien cuestionó que una persona señalada en una denuncia de estas características aspire a representar a los docentes: “Me generó demasiada indignación y sobre todo rabia”, expresó. Además, planteó: “¿Qué voz docente va a escuchar? Si hay un caso en contra de él en donde queda más que asentado, más que demostrado con pruebas y todo que no lo hace”.
La denunciante también manifestó sus sospechas sobre la falta de avances en el expediente y reclamó que se esclarezcan los hechos. “No voy a descansar hasta que se haga justicia por este caso”, afirmó.
Finalmente, llamó a los docentes a informarse sobre las denuncias antes de elegir a sus representantes. “Yo creo y considero que si uno sabe que esa persona ejerce violencia, persecución laboral y demás cuestiones que están demostradas porque están las denuncias radicadas y los informes médicos también presentados, entonces no apoyen a ese tipo de metodología de trabajo”, sostuvo.
El reclamo vuelve a poner el foco en la denuncia por presunta violencia laboral en el ámbito educativo y en la falta de una resolución definitiva del Consejo General de Educación, mientras avanza el proceso electoral para elegir a sus representantes.



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