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El diputado provincial Ramón Amarilla denunció que le impidieron ingresar a la Unidad Penal I de Loreto, pese a contar con una invitación para participar de una actividad organizada por una asociación civil que trabaja con personas privadas de su libertad.
En declaraciones al programa “Realidad Mixta”, por Radio Up, el legislador sostuvo que había sido convocado para participar de una ceremonia de entrega de certificados a internos que finalizaron distintas instancias de formación. Sin embargo, según relató, cuando llegó al establecimiento penitenciario se encontró con una prohibición específica para su ingreso.
“A todos les dejaron ingresar, el único que tenía prohibido el ingreso era yo”, afirmó Amarilla, quien vinculó la decisión con una supuesta “animosidad” hacia su persona y reclamó que las autoridades provinciales expliquen formalmente los fundamentos de la medida.
El diputado aseguró además que decidió avanzar por la vía administrativa y presentó escritos ante diferentes organismos y funcionarios provinciales para dejar constancia de lo sucedido y solicitar respuestas.
Amarilla: “Me prohibieron la entrada”
Según reconstruyó el legislador, recibió la invitación de la asociación civil FUAI, Familia Unida de Argentina por la Inclusión y los Derechos, organización que, de acuerdo con sus declaraciones, desarrolla actividades dentro de establecimientos penitenciarios brindando recursos y acompañamiento a internos.
La convocatoria era para participar de una actividad prevista entre las 9 y las 11 en la Unidad Penal I de Loreto, donde se entregarían certificados a personas privadas de su libertad que habían completado estudios.
“Me invitaron en el día de hoy de 9 a 11 en la Unidad Penal número 1, Loreto, para que se entreguen los correspondientes certificados, ya que finalizaron los estudios muchos internos”, explicó. Fue entonces, siempre de acuerdo con su versión, cuando conoció la restricción. “Me encuentro con que me prohibieron la entrada”, denunció.
Amarilla hizo especial hincapié en que no pretendía ingresar al establecimiento únicamente por su condición de legislador, sino que contaba con una invitación concreta para asistir a la actividad. “Yo creo que fui electo por el pueblo misionero”, manifestó.
Presentaciones ante el Ministerio de Gobierno y el Servicio Penitenciario
Tras conocer la prohibición, Amarilla afirmó que decidió “agotar la instancia administrativa” y presentó diferentes escritos para obtener una explicación oficial.
Detalló que realizó una presentación dirigida al ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, y otra ante la directora del Servicio Penitenciario Provincial, Valeria Alcarmen Mereles.
También señaló que dirigió escritos a autoridades penitenciarias, entre ellas el responsable de la Unidad Penal I de Loreto, alcalde mayor Arturo Sebastián Stil, y el alcalde mayor Eduardo Emmanuel Márquez, de la Unidad Penal VI, donde —según explicó durante la entrevista— estaba prevista otra actividad para esa misma jornada.
El legislador remarcó que pretende obtener una respuesta formal que determine por qué no podía ingresar a los establecimientos.
La asociación también pidió explicaciones
La denuncia de Amarilla no quedó circunscripta a su presentación personal. Según explicó, la presidenta de la asociación que lo había invitado también solicitó formalmente al Servicio Penitenciario que informara las razones de la prohibición.
El diputado dijo que recibió una copia de ese escrito y aseguró que, hasta el momento de la entrevista, la organización no había obtenido respuesta.
“Ella le pide los motivos, que expresen los motivos por escrito, que le informen por escrito cuál era el motivo por el cual yo no podía ingresar a la unidad carcelaria”, señaló. Y agregó: “Hasta ahora ella no ha tenido respuesta”.
Para Amarilla, un elemento central de su planteo es que el resto de las personas convocadas pudo participar normalmente de la actividad. “A todos les dejaron ingresar”, insistió.
“Acá hay una animosidad”
Durante la entrevista, Amarilla recordó que estuvo detenido y alojado en una unidad penitenciaria después del conflicto salarial protagonizado por policías y otros sectores estatales durante 2024.
Consultado sobre si había regresado posteriormente a establecimientos penitenciarios, explicó que meses después concurrió a la Unidad Penal VIII únicamente para retirar sus pertenencias.
El legislador sostuvo que conocía la existencia de una reglamentación interna que impediría el reingreso durante los seis meses posteriores a haber permanecido alojado en una unidad penal. Sin embargo, afirmó que ese período ya se encuentra ampliamente superado. “Ya pasó esto, estamos en junio de 2025, hoy estamos más de un año”, señaló al reconstruir los tiempos transcurridos desde aquella situación.
A partir de ese argumento, Amarilla consideró que la restricción actual no encontraría explicación en aquella disposición. “Acá hay una animosidad, esa es la realidad”, acusó. Y profundizó: “Es tratar de demostrarle a los misioneros que ellos son los que mandan, nosotros hacemos y deshacemos como queremos. Esa es la realidad, porque yo no le encuentro otra explicación ni otro fundamento”.
La afirmación constituye una interpretación y acusación política realizada por Amarilla y, hasta lo expuesto durante la entrevista, no se conocía una explicación oficial del Servicio Penitenciario sobre los motivos concretos que determinaron la restricción.
Amarilla volvió a vincular el episodio con su detención
La situación ocurrida en Loreto llevó al diputado a recordar durante “Realidad Mixta” su detención posterior a las protestas salariales de 2024.
Amarilla cuestionó el procedimiento que, según su interpretación, se desplegó en su contra y aseguró que fue presentado públicamente “como si fuera un delincuente”. “Yo estuve 31 años dentro de la institución”, recordó el expolicía.
También cuestionó las condiciones bajo las cuales fue trasladado: “Me hacían ingresar a las comisarías esposado, con chaleco, con casco”.
El actual legislador sostuvo que aquella exposición tuvo consecuencias no solamente personales, sino también familiares. “¿Cómo no me voy a sentir verdaderamente dolido?”, planteó.
En ese tramo de la entrevista, Amarilla elevó el tono político de sus acusaciones y responsabilizó por lo sucedido a dirigentes y funcionarios del oficialismo provincial, entre ellos el conductor político de la Renovación, Carlos Rovira; el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, además de mencionar a otros funcionarios y actores judiciales.
Se trata, nuevamente, de acusaciones formuladas por el diputado durante la entrevista y no de hechos establecidos judicialmente.
“No se respetó la presunción de inocencia”
Amarilla sostuvo que durante aquella causa, desde su perspectiva, “no se respetó el debido proceso” ni la “presunción de inocencia”.
La experiencia atravesó buena parte de su discurso político posterior y volvió a aparecer ahora frente a la prohibición denunciada para ingresar a Loreto.
El legislador vinculó ambos episodios y consideró que existe una continuidad en el trato que recibe de parte de sectores del poder provincial.
En ese contexto, reclamó que las autoridades penitenciarias fundamenten por escrito la medida adoptada y permitan conocer si existe alguna normativa o resolución administrativa vigente que impida su ingreso.
