El sistema tributario argentino vuelve a quedar bajo la lupa. Según el Vademécum tributario argentino de PyME 2025, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) bajo la dirección de Nadin Argañaraz, una PyME promedio debe afrontar al menos 37 tributos distintos, a lo que se suman 30 regímenes de retención, percepción e información, conformando un total de 67 obligaciones formales y fiscales que inciden directamente en su funcionamiento cotidiano
El relevamiento no mide cuánto paga una empresa, sino cuántos impuestos y mecanismos administrativos recaen sobre su actividad, una diferencia clave para dimensionar la complejidad del entramado estatal que enfrenta el sector productivo.

Una PyME “modelo” atravesada por impuestos en todos los niveles
El estudio toma como referencia una PyME tipo del interior del país: constituida como SRL, con establecimiento propio, empleados en relación de dependencia, flota de vehículos, consumo de servicios públicos, uso de insumos importados y exportación parcial de su producción.
Sobre esa base, el informe identifica tributos nacionales, provinciales y municipales que se activan en cada etapa de la operatoria: compra de insumos, ventas, exportaciones, servicios básicos, empleo, propiedad del inmueble, vehículos, seguros, combustibles, trámites administrativos e incluso cartelería publicitaria.
El resultado es contundente:
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18 tributos nacionales
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8 tributos provinciales
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11 tributos municipales
Total: 37 impuestos, tasas y contribuciones diferentes que una PyME puede llegar a pagar en un solo año.
Entre los más conocidos aparecen IVA, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque, Ganancias societarias, impuesto inmobiliario y automotor, pero también se suman fondos fiduciarios específicos, tasas por inspecciones, contribuciones sanitarias, gravámenes a combustibles, telefonía, productos electrónicos y derechos de importación o exportación.

No solo impuestos: 30 regímenes que elevan los costos administrativos
Más allá de los tributos directos, el informe pone el foco en un aspecto muchas veces invisible: los regímenes de percepción, retención e ინფორმacíon.
En total, una PyME queda alcanzada por 30 regímenes distintos, distribuidos entre:
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mecanismos nacionales,
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provinciales,
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obligaciones de la empresa hacia terceros,
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y sistemas generales de información.
Esto incluye retenciones de IVA y Ganancias, percepciones en importaciones, recaudaciones bancarias automáticas, regímenes sobre servicios públicos, cargas mensuales de libros IVA, libro sueldo digital, presentación de balances, declaraciones societarias, información al BCRA por operaciones exteriores y múltiples reportes ante AFIP y organismos provinciales.
El propio trabajo advierte que estos sistemas de pago anticipado y control permanente incrementan los costos de gestión, demandan estructura administrativa especializada y afectan la eficiencia operativa, especialmente en empresas chicas.

Menos impuestos que en 2024, pero igual de complejo
El relevamiento 2025 muestra una leve reducción respecto del año anterior: se pasó de 38 a 37 tributos, principalmente por la eliminación del impuesto PAIS. Sin embargo, el IARAF remarca que la baja numérica no implica una simplificación real del sistema.
Por el contrario, la combinación de impuestos más regímenes sigue conformando un esquema altamente fragmentado, con superposición de niveles de gobierno y múltiples ventanillas de cumplimiento.

Un entramado que impacta en inversión, empleo y competitividad
El informe concluye que el universo PyME opera dentro de un marco tributario de elevada densidad y complejidad, que no solo absorbe recursos financieros sino también tiempo, capital humano y capacidad de planificación.
Para muchas pequeñas y medianas empresas, este escenario se traduce en mayores barreras para invertir, formalizar empleo, expandirse o competir, especialmente en un contexto económico donde el acceso al crédito y la previsibilidad siguen siendo limitados.
Con 37 tributos y 30 regímenes activos, el diagnóstico del IARAF vuelve a instalar un debate de fondo: más allá del monto de la carga fiscal, el principal desafío pasa por ordenar, simplificar y hacer más transparente un sistema que hoy exige a las PyMES navegar entre al menos 67 obligaciones diferentes para sostener su actividad.



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