Para el funcionario responsable de la seguridad en Misiones, los uniformados que reclaman salarios dignos “utilizando” bienes del Estado están cometiendo “sublevación agravada” y la denuncia penal “determinará las responsabilidades”.
El ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, convertido en una suerte de portavoz del gobernador Hugo Passalacqua en el marco de la crisis social que atraviesa la provincia por los salarios de miseria de los estatales y las consecuentes protestas de diversos sectores, salió a amenazar a los uniformados que hace 7 días están acampando frente al Comando Radioeléctrico I, exigiendo un piso salarial cercano a los $800 mil.
En diálogo con Radio La Red, Pérez insistió con que las protestas por salario digno que llevan adelante policías, penitenciarios y retirados, constituyen una “sedición agravada” y habrá consecuencias laborales cuando la justicia determine responsabilidades.
“¿Perdón, los van a echar a los policías que están haciendo esta, como dice usted, sublevación, que es un reclamo salarial?”, le preguntó un periodista al ministro, quien respondió: “Los policías no pueden utilizar bienes del Estado para protestar.”
“¿Los van a echar? Eso es lo que le estoy preguntando, ministro”, replicó el periodista. “Por supuesto que sí, hay una denuncia penal y la denuncia penal determinará las responsabilidades”, sentenció Pérez, redoblando su apuesta contra los uniformados que supuestamente él conduce, por ser el ministro de Gobierno de Misiones.
Las declaraciones echan más leña al fuego en una provincia incendiada, con los docentes, los sanitarios, y otros empleados estatales protestando contra los salarios de hambre que paga el gobierno provincial, que apuesta al desgaste de los manifestantes. Y a fomentar divisiones internas con acuerdos salariales por debajo del reclamo de la recomposición del 100%, con los sindicatos “amigos” ATE, UPCN y UDPM.
En el caso de los uniformados, una parte importante de un potencial acuerdo para que se levante el corte sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I, es justamente, que se retire la denuncia penal por “sedición agravada” y que no haya persecución contra los uniformados que reclaman un sueldo digno.
Pérez, que es el único funcionario renovador que está hablando del tema –y casi exclusivamente con medios nacionales– parece ratificar el rumbo de la confrontación con los uniformados. Mientras tanto, el gobernador Hugo Passalacqua no habla con la prensa nacional, ni mucho menos con los representantes de los sectores de salud, educación y seguridad, que le reclaman una mesa de diálogo y una oferta salarial superadora.
