Sin acuerdo por la recomposición salarial del sector con el ministro Héctor González, los trabajadores definen en asamblea qué hacer frente a la orden emitida por el juez renovador Ricardo Balor, que autoriza el uso de la fuerza para cumplir la medida que pretende la patronal estatal. Delegados de la CTAA, de departamentales de ATE y de hospitales tomaron pacíficamente el edificio, el 22 de mayo pasado.
Crece la tensión en el Ministerio de Salud Pública de Misiones, donde los trabajadores que toman pacíficamente el edificio recibieron un oficio firmado por el juez de instrucción 6 Ricardo Balor, para que desalojen el inmueble en el marco de una causa penal por el supuesto delito de afectación del funcionamiento y los bienes del MSP “en flagrancia”.
Según consta en el Oficio N° 2506998072024, el juez Balor, en el marco del expediente 68624/2024 caratulado “Agente fiscal de Instrucción N° 6 eleva denuncia”, sostiene al jefe de la Unidad Regional I y al personal policial a su cargo, que el fiscal “hace propia la solicitud de desalojo presentada por el Director de Asuntos Jurídicos del MSP Cristian Daniel Cabrera”.
Debo “dejar asentado –sostiene el magistrado– que el hecho de ser un delito en flagrancia, siquiera requiere de una orden escrita para que la autoridad policial, que presta servicio en el lugar, actúe de oficio, tomando en consideración que según surge de la propia denuncia, la toma del espacio interno del Edificio Central del Ministerio de Salud Pública (…) situación que impide un normal desenvolvimiento de las tareas mínimas para la labor diaria, de dicho ministerio, poniendo incluso en peligro bienes propios del Estado provincial, razón por la que entiendo necesario, disponer (…) el inmediato desalojo del lugar”.
Protestas en Misiones | El ministro González pidió que se levante la toma del MSP y fracasó la mesa salarial
En caso de que los trabajadores que reclaman salarios dignos no desalojen el ministerio, el juez permite “hacer uso de la fuerza pública para cumplimentar la medida, en cuso caso se deberá proceder a la demora, identificación en biosystem, a fin de poder evaluar sobre la situación procesal, acorde a la participación que pudiera haber tenido en cada caso”.
Cabe destacar que el juez considera que la toma pacífica del edificio del MSP por parte de sus trabajadores es un “delito en flagrancia”, y da por hecho que la medida de fuerza “impide el normal desenvolvimiento de las tareas mínimas” del ministerio, y pone en riesgo bienes del Estado. De hecho, Balor hizo exactamente lo mismo cuando ordenó el desalojo del Comando Radioeléctrico I, cuando policías y penitenciarios reclamaban una recomposición salarial: ordenó el desalojo sin constatar que la protesta afectaba o no el normal funcionamiento de la institución.
Cuando fueron notificados, los trabajadores del MSP en la toma le marcaron a la agente judicial sobre estas incongruencias de la medida del juez, que no se establece con claridad cuál es el delito y que no se está afectando al funcionamiento del ministerio.
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