El juez de instrucción Ricardo Balor estuvo reunido con los uniformados de la Policía y del Servicio Penitenciario que exigen la reapertura de la mesa de diálogo para recomponer los salarios del sector y prometió dialogar con el ministro de Gobierno Marcelo Pérez. Pero ahora ratificó que requerirá a las fuerzas federales para liberar el tránsito en la avenida Uruguay.
En el marco del conflicto suscitado por la falta de respuestas del gobierno provincial al reclamo de salarios dignos para uniformados de la Policía de Misiones y del Servicio Penitenciario Provincial, el juez de instrucción Ricardo Balor tiene definido solicitar a la Gendarmería Nacional, que desaloje el corte y protesta sobre la Avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I. La orden de desalojo está lista para la firma, pero no trascendió que el juez efectivamente ordenara liberar la avenida y el inmueble del Comando.
Cabe aclarar que la protesta en el Comando surgió a raíz de la decisión del gobierno provincial de no retomar la mesa de diálogo, pese el acampe que se prolongó desde el lunes hasta el jueves por la tarde. Además de conocerse sanciones a los policías y penitenciarios que se sumaron a las protestas frente a Jefatura, circularon informaciones que sostenían que la Jefatura quería “descabezar” el reclamo que tiene por voceros a los retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino. El corte de la avenida lo organizaron mayormente policías jóvenes y mujeres policías.
Este viernes, Balor estuvo reunido con algunos referentes de la protesta que impulsaron uniformados jóvenes que ya estaban de asamblea en el Comando en la madrugada, cuando comenzó a gestarse el corte de la avenida con quema de llantas. Los uniformados solicitan la reapertura de la mesa de diálogo y una recomposición salarial acorde al costo de vida. Actualmente, el piso salarial de los agentes ronda los $400 mil, un monto que apenas equivale al costo de una canasta de indigencia para una familia tipo.
Desde las primeras horas de la mañana, Balor recibió tres denuncias, la primera de las cuales la radicaron las autoridades del Comando Radioeléctrico I, por la supuesta toma del edificio. La segunda fue realizada por el Centro Integrado 911, donde se está investigando una posible interferencia en su funcionamiento entre las 3 y las 5 de la madrugada. Aunque, los manifestantes aclararon que no se trata de una toma, porque el edificio está abierto y los uniformados pueden desarrollar sus tareas normalmente.
En tanto, el Gobierno de la Provincia radicó una tercera denuncia en la que sostienen de la quema de neumáticos en el marco de la protesta, representa un riesgo de incendio. Y remarcaron que se guardan armas en el Comando, lo que agravaría el riesgo de incendio. Es decir, en lugar de enviar a algún funcionario a atender los reclamos de los uniformados, el gobierno provincial presentó una denuncia para desalojen el lugar.
Hasta el momento, el principal responsable político del conflicto, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, no habló públicamente del reclamo salarial. El conflicto se espiralizó luego de que la cúpula policial aplicara sanciones sobre los policías que se sumaron al reclamo que tuvo su punto de inflexión este lunes, cuando uniformados y retirados montaron un acampe frente a la Jefatura de la Policía.
