El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”, con el objetivo de desarticular las grandes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas. La norma, que fue sancionada en las últimas sesiones extraordinarias del Congreso, endurece las penas y amplía las herramientas judiciales para combatir estas redes delictivas.
La nueva legislación, publicada en el Boletín Oficial, establece que cualquier grupo de tres o más personas que actúe de manera coordinada para cometer delitos graves será considerado una organización criminal. Además, introduce la posibilidad de declarar ciertas zonas como “sujetas a investigación especial”, permitiendo que fiscales federales trabajen en conjunto con fuerzas de seguridad y autoridades provinciales para agilizar las investigaciones.
Uno de los aspectos centrales de la norma es el endurecimiento de las penas, que van de 8 a 20 años para quienes integren o colaboren con estos grupos. También se elimina la diferenciación de responsabilidades dentro de las organizaciones criminales: todos los miembros, sin importar su jerarquía, podrán recibir la pena correspondiente al delito más grave cometido por la banda.
La Ley Antimafias se inspiró en modelos internacionales, como la Ley RICO de Estados Unidos y la legislación antimafia de Italia. Su aprobación en el Senado contó con un respaldo mayoritario: fue sancionada por unanimidad con 38 votos, incluyendo el apoyo de algunos legisladores del Frente de Todos, aunque la mayoría de su bancada se retiró antes de la votación.
Durante el debate, la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe) defendió la iniciativa señalando que “es una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico porque ataca todos los eslabones de la cadena delictiva”. En contraste, el senador kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) expresó su preocupación por un posible “avasallamiento al federalismo y la autonomía de las provincias”, aunque desde la oposición se le respondió que la norma fue debatida y corregida en Diputados con el consenso de todos los bloques.
Junto a esta ley, el Senado también sancionó la Ley de Reiterancia, una reforma en materia de seguridad que busca frenar la denominada “puerta giratoria” de los delincuentes reincidentes. Esta norma establece que una persona será considerada reincidente si acumula dos o más condenas firmes y endurece los criterios judiciales para determinar la prisión preventiva.
Con estas reformas, el Gobierno busca reforzar el combate contra el crimen organizado y reducir los niveles de impunidad en el país.
ley-antimafias(Fuente: Noticias Argentinas)
