El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó este miércoles 28 de octubre la creación del programa “Los Más Buscados”, una iniciativa destinada a clasificar a las personas prófugas y evadidas de la Justicia según su nivel de peligrosidad. La medida quedó establecida mediante la Resolución 1089/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca mejorar la coordinación de las fuerzas federales para localizar y detener a quienes tengan pedidos de captura vigentes.
La decisión responde a la creciente complejidad del crimen organizado y a la cantidad de personas que permanecen prófugas de la Justicia argentina. Según los fundamentos de la resolución, este escenario exige incorporar herramientas tecnológicas y mecanismos de análisis que permitan concentrar los recursos en los casos que representen mayores riesgos para la seguridad pública.
El nuevo programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) y contará con una base de datos unificada y un sistema automatizado para analizar la peligrosidad de cada persona buscada.
Cómo se determinará la peligrosidad de los prófugos
El sistema tendrá en cuenta diferentes variables para establecer prioridades de búsqueda. Entre ellas se encuentran la gravedad y naturaleza de los delitos imputados o por los que exista condena, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia y la posible pertenencia a organizaciones criminales.
La clasificación permitirá establecer qué personas requieren una intervención prioritaria de las fuerzas de seguridad, a partir de criterios técnicos que deberán ser definidos, validados y actualizados periódicamente.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que resulta necesario contar con un mecanismo integral de identificación y análisis que permita mejorar la asignación de recursos y fortalecer la eficacia de los operativos de captura.
La iniciativa también buscará articular herramientas que ya funcionan en el país, como el Programa Nacional de Recompensas y la lista de personas más buscadas del Ministerio de Justicia, mediante un sistema de clasificación más dinámico y sistematizado.
Una mesa especializada evaluará los casos
Como parte de la implementación, se dispuso la creación de la Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que tendrá la responsabilidad de establecer los parámetros utilizados para calcular el nivel de peligrosidad.
Este organismo estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
También participarán áreas especializadas de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
Además, podrán incorporarse como colaboradores representantes del Poder Judicial, los ministerios públicos y otros organismos vinculados con las investigaciones.
Entre sus principales responsabilidades estarán recolectar y sistematizar información para localizar prófugos, elaborar informes estadísticos y revisar los criterios de clasificación, de acuerdo con los resultados obtenidos y las transformaciones de las modalidades delictivas.
Un sistema automatizado y reuniones mensuales
La Dirección Nacional de Gestión de Bases de Datos de Seguridad tendrá a su cargo el desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema automatizado de análisis y clasificación.
Su titular también deberá conducir la Mesa de Evaluación, convocar reuniones mensuales y coordinar las acciones necesarias con el Programa Nacional de Recompensas.
Asimismo, será responsable de impulsar medidas de protección de datos, confidencialidad y gestión de la información, además de supervisar el funcionamiento de la herramienta y proponer mejoras.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad invitó al Registro Nacional de Reincidencia a proporcionar información relacionada con antecedentes penales, declaraciones de rebeldía y órdenes de captura vigentes.
Con esta estructura, el Gobierno nacional pretende centralizar la información sobre personas buscadas por la Justicia y establecer un orden de prioridad para los operativos de localización y captura, especialmente en aquellos casos vinculados con delitos graves y organizaciones criminales.
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