El secretario general de ATE remarcó que la cifra prevista por el proyecto de Presupuesto enviado por el gobernador a la Legislatura, muestra que “hay disponibilidad de recursos para afrontar los problemas de los misioneros”, pero persisten las escuelas con letrinas, los comedores sin recursos y los CAPS sin médicos en el interior de Misiones. Además, Duarte se refirió a los suspendidos pases a planta en Salud Pública.
Con la presentación del Proyecto de Presupuesto 2024, que prevé erogaciones por $1.281.779.259.000, con un 69,2% ($886.991.247.228) de las inversiones a áreas cruciales como Educación, Salud Pública y Desarrollo Social, desde la Asociación de Trabajadores del Estado advirtieron que pese a que existe “disponibilidad de recursos para afrontar los problemas de todos los misioneros, en la distribución de los recursos hay una inequidad”.
Así lo ponderó el secretario general de ATE Misiones, Jorge “Coki” Duarte, en diálogo con el programa “Primera Vuelta” de Radio Up 95.5. “Se lo venimos señalando a los ministros y con el gobernador no pudimos sentarnos. Se acrecienta la pobreza, la falta de vivienda, de agua potable y de saneamiento cloacal. Ese dinero que se aprueba (en el Presupuesto), 1.28 billones, es una cifra que uno no dimensiona, pero hay escuelas con letrinas, salas de primeros auxilios que no cuentan con enfermera o que tienen un médico una vez por semana. Son los temas que preocupan a los vecinos y entidades sindicales”, explic{o Duarte a este medio.
En tono crítico hacia el criterio de distribución del Gobierno provincial en el presupuesto 2024, Duarte planteó que se promueve la escuela disruptiva, “pero tiene que haber una distribución más justa y equitativa”. “El 70% van a áreas sociales pero a la hora de la realidad cotidiana, los misioneros siguen recurriendo a la solidaridad de los propios misioneros. Con esa distribución de los recursos no se resuelven los problemas. Los vecinos que hacen rifas para comprar alimentos para un comedor o la enfermera que falta en el CAPS de Piñalito, son realidades irrefutables”, señaló el dirigente de ATE.
“El Hospital Madariaga es un hospital de primera línea pero te vas a Panambí o Piñalito y el CAPS no cuenta con médicos o enfermeras. Hay una distribución inequitativa”, insistió Duarte, que cuestionó las prioridades del gobierno renovador, que destina “mucho dinero para cuestiones de innovación”.
Para Duarte, “el Estado misionero viene descuidando muchas áreas. Los índices de pobreza e indigencia son alarmantes y la gran mayoría de los trabajadores estatales está por debajo de la línea de la pobreza”, puntualizó.
En esta línea, Duarte remarcó que la canasta para una familia tipo, “que realizan los trabajadores del INDEC con una fórmula distinta a la del organismo, que no tiene en cuesta gastos necesarios, nos da $362 mil. La mayoría (de los empleados estatales) no cobramos eso”, aclaró el sindicalista.
Según Duarte, hicieron un relevamiento de los salarios en las distintas reparticiones estatales de la provincia, y “hay algunas que tienen promedios que dan arriba de los 400 mil. Eso refleja una distribución inequitativa. Fijaron un piso salarial de $149 mil, pero hay otros que ganan más de $450 mil. Y se necesitan más de $360 mil para cubrir (la Canasta Básica)”, puntualizó.
Los precarizados que no pasarán a planta de momento
En el tramo final de la entrevista, Duarte se refirió al postergado anuncio de pase a planta permanente de 1.316 trabajadores precarizados en Salud Pública, que son empleados con “más de 10 y 15 años de antigüedad. Nos invitaron para un acto (anunciando) los 1.316 trabajadores que iban a pasar a planta. Ahora van a pasar un tercio y progresivamente a los demás. Dieron marcha atrás con trabajadores con 16 – 18 años precarizados, con becas, monotributistas, con contratos precarios”, contó Duarte, sobre una reunión que mantuvieron este jueves con el Ministro de Hacienda Adolfo Safrán.
De acuerdo con el sindicalista, el ministro les dijo que van a pasar a planta, por tandas a estos trabajadores. En agosto, “pasarían 310 agentes sanitarios, promotores de salud y cerca de 600 de otros trabajadores de otras áreas de salud. Eso está sujeto al trámite administrativo, engorroso y burocrático. Decían que estaba finalizado el trámite de estos empleados que estén hace 12 años trabajando en condición precaria”, comentó. En Salud Pública hay otros 1.700 contratados “con relación de dependencia y sin relación de dependencia por fuera de este anuncio”, recalcó Duarte.
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