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El proyecto de Presupuesto 2027 plantea modificaciones sobre distintos artículos de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición, que buscan prorrogar el régimen para evitar la pérdida de derechos de los titulares de pensiones no contributivas a partir del próximo año.
Uno de los cambios señalados está vinculado al sistema de aranceles que reciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad. El proyecto elimina el artículo 14 de la Ley 27.793, que establece el principio de un nomenclador único a nivel nacional para las prestaciones del sistema.
De aprobarse la modificación, los prestadores deberían negociar los valores de manera individual con cada obra social y empresa de medicina prepaga, lo que terminaría con la homogeneidad de los aranceles vigente en el esquema actual.
El diputado Juan Marino (Unión por la Patria), vicepresidente de la comisión de Discapacidad, cuestionó esta modificación y sostuvo que permitiría que cada obra social, prepaga o provincia establezca valores diferentes, lo que, según su interpretación, podría generar una presión a la baja sobre los aranceles y una mayor fragmentación de las prestaciones.
Cambios en los aranceles para las prestaciones
El artículo 39 del proyecto de Presupuesto también modifica el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La nueva redacción elimina la actualización automática mensual de los valores vinculada al índice de movilidad jubilatoria y establece que el nomenclador no tendrá valores universales.
El texto propuesto señala expresamente que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles” y que el nomenclador “no incluirá valores universales”.
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro coincidió con los cuestionamientos y señaló que el nuevo esquema permitiría que cada obra social, prepaga o Estado determine los valores en su relación con los prestadores.
Según Ferraro, para el Estado Nacional se contempla una determinación trimestral de los aranceles por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad, aunque el proyecto no establece un índice concreto para esa actualización.
Qué pasa con las pensiones por discapacidad y el trabajo
Otro de los cambios centrales está contemplado en el artículo 37 del Presupuesto, que elimina la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y un empleo registrado o una inscripción como monotributista cuando los ingresos alcanzan hasta dos salarios mínimos.
Marino cuestionó la modificación al señalar que el proyecto cambia el criterio vigente y que cualquier empleo registrado, incluso por pocas horas, o una alta tributaria podría provocar la pérdida de la pensión.
El legislador también sostuvo que se elimina la posibilidad de una suspensión temporaria de la prestación y su posterior rehabilitación inmediata una vez finalizado el contrato laboral. Según su interpretación, esto podría desalentar el acceso al empleo registrado y favorecer la informalidad.
Eliminan el estudio de costos de las prestaciones
El proyecto también suprime el instrumento destinado a realizar estudios de costos específicos para los distintos servicios y prestaciones contemplados por el sistema de discapacidad.
Marino cuestionó esta eliminación porque, según explicó, esa herramienta permitía contemplar los costos particulares de cada sector para determinar los valores de las prestaciones, especialmente en actividades cuyos gastos no quedan reflejados por el índice de precios al consumidor.
Como ejemplo, mencionó el transporte para personas con discapacidad y afirmó que actualmente se pagan alrededor de $900 por kilómetro, monto que, según sostuvo, no alcanza para cubrir los costos reales de mantenimiento del servicio.
Modificación de la definición de persona con discapacidad
Otro de los puntos cuestionados es la derogación del artículo 5 de la Ley 27.793, que establece la definición de persona con discapacidad en referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Marino sostuvo que esta modificación otorgaría al Poder Ejecutivo mayor margen para establecer los requisitos utilizados para determinar quién puede ser considerado una persona con discapacidad y, según su interpretación, podría derivar en una reducción del número de beneficiarios.
Cambios en la cobertura de salud
El proyecto incorpora además otra modificación relevante a través de su artículo 41, mediante el cual elimina el artículo 8 de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ese artículo garantiza la cobertura de salud para los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad.
Para Marino, la modificación implica que esa cobertura dejaría de contar con el mismo respaldo como derecho legal exigible por parte de los beneficiarios.
Los cuestionamientos de la oposición
A partir de estos cambios, Marino sostuvo que el Gobierno busca modificar de manera sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el proyecto presupuestario y calificó la maniobra como “ilegal e inconstitucional”.
El diputado argumentó que incorporar modificaciones permanentes a leyes de fondo mediante una ley de Presupuesto vulneraría el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera 24.156. También señaló que, a su entender, se afectaría el principio de progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos, contemplado en los artículos 75, incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional.
Ferraro, por su parte, cuestionó la política del Gobierno hacia el sector y la calificó de “crueldad”. El legislador sostuvo que la situación se da en un contexto que la propia legislación reconoce como de emergencia, con instituciones que, según afirmó, enfrentan dificultades para continuar funcionando, prestaciones desactualizadas y familias afectadas.
Los cambios forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno y quedan sujetos al tratamiento legislativo correspondiente.
