Los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina de las prepagas y los derechos de los afiliados fueron los ejes de una entrevista en piso con la abogada Mercedes López, durante su columna en el programa La Última Rosca, emitido por Radio Up.
En ese marco, la profesional explicó que, si bien existe libertad para que las empresas establezcan los valores de sus cuotas, esa facultad tiene límites y no las exime de cumplir con las obligaciones vinculadas a los derechos del consumidor y la protección de la salud: ''Que haya una libertad respecto a esa empresa de medicina prepaga para establecer los aumentos no significa que haya una libertad para los incumplimientos en cuanto a los derechos del consumidor'', sostuvo López.

La abogada remarcó que uno de los aspectos centrales es la comunicación de los incrementos. Según explicó, las empresas deben informar fehacientemente a sus afiliados con 30 días de anticipación al cobro de la primera cuota con aumento.
También señaló que debe tomarse como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC y que, de acuerdo con las disposiciones mencionadas durante la entrevista, las prepagas cuentan con cinco días desde su publicación para comunicar el incremento.
En ese sentido, aclaró que el índice no representa necesariamente un porcentaje que las empresas deban aplicar de manera automática, pero sí constituye una referencia para evaluar la razonabilidad de los aumentos: ''Ese aumento no puede ser desmedido, sino que tiene que estar de acuerdo a este IPC. Es decir, tiene que reunir el criterio de razonabilidad y también tiene que respetar todo lo que dice el contrato inicial'', explicó.
Además, recomendó a los afiliados revisar las condiciones del contrato, el tipo de cobertura y los conceptos detallados en las facturas para identificar posibles irregularidades.

Cuándo se puede presentar un amparo contra una prepaga
Durante la entrevista, López explicó que los incrementos desproporcionados, la falta de información o los incumplimientos en las condiciones de contratación pueden dar lugar a reclamos judiciales: ''Con todos esos elementos se evalúa y, en caso de que haya un incumplimiento, un aumento desmedido, en todos esos casos hay elementos para presentar un amparo'', afirmó.
La profesional también hizo referencia a distintos fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad de dos artículos de un decreto de necesidad y urgencia de 2025. Según explicó, esas decisiones habilitaron la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud en la evaluación y el control de los aumentos.
Al recordar los incrementos registrados entre fines de 2023 y comienzos de 2024, López señaló que en numerosos casos las cuotas llegaron a aumentar un 100%, lo que afectó la economía de muchas familias y motivó la presentación de amparos: ''Gracias a esos primeros amparos es donde son los límites, digamos, es donde se comienza a no haber aumentos tan desmedidos en las prepagas'', indicó.
Qué pasa si un afiliado no puede pagar la cuota
Otro de los temas abordados fue la situación de quienes ya no pueden afrontar el costo de la cobertura privada. López explicó que, en algunos procesos judiciales, los amparos permitieron mantener la prestación médica mientras se discutían las condiciones de actualización de las cuotas.
Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de las bajas por motivos económicos: ''Muchos afiliados no pudieron recurrir a la justicia, se dieron de baja y quedaron sin cobertura'', señaló.
En ese contexto, vinculó la situación con el aumento de personas que recurren al sistema público de salud después de abandonar la cobertura privada, lo que genera una mayor demanda sobre los servicios estatales.
Discapacidad y enfermedades: qué no pueden hacer las prepagas
López también hizo hincapié en los casos de grupos familiares que tienen integrantes con discapacidad o que atraviesan nuevas enfermedades y tratamientos. Explicó que algunas empresas intentan modificar los planes o incrementar las cuotas ante la presentación de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o frente a determinadas patologías. Al respecto, fue contundente: ''Eso no se puede hacer, eso no corresponde''.
La abogada sostuvo que, ante estas situaciones, los afiliados pueden recurrir a mecanismos judiciales para evitar modificaciones injustificadas y garantizar la continuidad de las condiciones de cobertura originales.

Finalmente, al referirse a los valores de las cuotas, López tomó como ejemplo un índice del 2,2% mencionado durante la entrevista y explicó que, para una cuota de $200.000, ese porcentaje representaría un incremento de $4.400. No obstante, insistió en que cada situación debe analizarse considerando el contrato y el plan de cobertura correspondiente.
La profesional atiende consultas a través de sus redes sociales, donde figura como Mercedes López, abogada en salud, y en el estudio Oudin Asociados, ubicado en Colón y Sarmiento, oficina 9, en Posadas.



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