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Una familia del barrio Santa Rosa, en Posadas, enfrenta una demanda de desalojo iniciada por una integrante del propio núcleo familiar. Alejandro Rojas contó que su hermana mayor, Liliana Ríos, presentó una demanda judicial contra él, su madre de 86 años y otras dos hermanas quienes también residen la vivienda.
“La denuncia la hizo mi hermana mayor por una reivindicación iniciada en 2012, a partir de un título de propiedad que está a su nombre”, explicó en diálogo con Radio UP. La casa, sin embargo, fue adjudicada a su madre, Magdalena Abreu, en 1991 mediante una ordenanza del Concejo Deliberante.
Según Rojas, la madre fue reconocida como poseedora legítima del terreno hace más de tres décadas. En aquel momento, autorizó a su hija mayor a iniciar los trámites en su representación, designándola como apoderada mediante una constancia firmada en una comisaría. El objetivo, de acuerdo a lo manifestado por el vecino, era formalizar la titularidad a nombre de la madre.
Pero en 1995, durante un relevamiento municipal, se produjo un giro inesperado. “Cuando pasaron por nuestra casa, solo encontraron a mi hermana y la registraron como jefa de hogar. Nunca respondieron a la ordenanza del 91 ni reconocieron que la adjudicataria seguía viviendo allí”, relató.
Con el tiempo, el trámite avanzó sin correcciones y el título de propiedad terminó extendido a nombre de Liliana Ríos, quien ya no vive en el inmueble, pero busca desalojar a sus hermanos y madre. La familia asegura que se enteraron cuando estalló un conflicto interno. “Nos enteramos durante una discusión. Ella debía hacer el trámite para nuestra mamá y terminó poniéndose a ella como titular”, dijo.
La disputa llegó a la justicia. En una primera instancia, el grupo familiar presentó una prescripción adquisitiva de dominio y logró un fallo favorable. Sin embargo, Liliana presentó el título a su nombre y la sentencia fue revocada. El tribunal falló a favor de la demandante y dictó la orden de desalojo.
Marcelina Chaparro, vendedora ambulante en Posadas, dijo a Radio UP: “Solo vendo para salvar la comida del día”. El consumo cayó fuerte y el trabajo informal lo siente https://t.co/22lPHYW6kb pic.twitter.com/wtYCYK6EpX
— Radio Up 95.5 (@radioup955) July 26, 2025
La situación actual es delicada. Rojas señaló que ya recibieron la notificación judicial con sentencia firme. “Lo único que hoy nos respalda es el empadronamiento que tenemos en el IPRODHA. Sin eso, no podríamos seguir viviendo acá”, afirmó.
Desde el punto de vista de la familia, hubo fallas administrativas que facilitaron la maniobra de su hermana. Sostienen que la propiedad nunca debió figurar a nombre de otra persona, ya que fue adjudicada legalmente a la madre.
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En la vivienda residen personas mayores que aseguran haber vivido allí toda su vida. “Mi mamá tiene 86 años, mi hermana 62 y yo 49. Siempre estuvimos acá”, cerró Rojas, visiblemente afectado por un conflicto que no se dio con extraños, sino dentro de su propia familia.
