Alberto Penayo, quien se desempeña como Defensor del Pueblo de Posadas y personal jerárquico de la oficina de Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas fueron denunciados por abuso de poder, acoso sexual, violencia económica y violencia por razones de género.
El funcionario renovador, fue formalmente denunciado ante el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones, por parte de la Asociación Civil Huellas de Género. La acusación se hizo pública durante el trascurso de la mañana de este miércoles, durante una conferencia de prensa en el que revelaron su «enérgico repudio» a los hechos denunciados por mujeres trabajadoras de la defensoría.
«Desde esta organización bregamos por el cumplimiento de las leyes vigentes respecto de la violencia laboral y reclamamos la equidad de género en todos los ámbitos, tanto públicos como privados», comienza diciendo el comunicado publicado en la red social Instagram.
Y continúa «los hechos ocurridos y la vulneración de derechos de la que han sido víctima las denunciantes, resultan violatorios de los derechos reconocidos a los trabajadores, que encuentran su protección en el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre la violencia y el acoso».
Además explicaron que «las normas internacionales proporcionan un marco común para prevenir, reparar y eliminar la violencia y el acoso basado en el género en el mundo del trabajo».
En la misma línea detallaron que «obran en las denuncias presentadas por las damnificadas» ante la cartera laboral provincial están alcanzados por la Ley 26.485 de «Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales».
También pusieron énfasis en que la Ley 27.533 incorpora «la violencia política y violencia pública-política», a la cual Misiones está adherida a través de la Ley provincial IV- N° 68.
A su vez, notificaron que al menos tres trabajadoras de la defensoría fueron las denunciantes y las integrantes de Huellas de Género expresaron que estas «prácticas han sido sistemáticamente reiteradas» en el ámbito laboral, desde que el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, asumió el cargo.
Y añaden que fueron expresadas por medio de «discriminación, minimización, abuso en las condiciones laborales, constante hostigamiento, amenazas y maltrato, manifestado en acciones y expresiones ofensivas orientadas a menospreciar y desprestigiar a las víctimas».
Además, en concordancia con lo que dice el comunicado de la asociación, las trabajadoras de la Defensoría recibieron amenazas de represalias, «totalmente injustificadas», por parte de los funcionarios señalados, al comunicarles que iban a hacer públicos los hechos.
Para finalizar, la asociación rogó el cese de «este tipo de violencias y solicitamos la urgente intervención de los organismos, movimientos sociales y políticos pertinentes, para que resguarden y protejan la integridad y dignidad de las denunciantes y garanticen el sostenimiento de las condiciones laborales o la restitución de los puestos de trabajo si correspondiere, a fin de evitar mayores perjuicios que los ya ocasionados».
