Para el conductor de la renovación, como un autócrata que no tolera partidos políticos opositores, el frente Juntos por el Cambio y el partido Activar, deben ser penalizados por la actividad criminal del diputado provincial detenido en una causa por pedofilia, seis meses después de haberse encontrado pruebas que lo incriminaban. Rovira pasó por alto el caso de Marcelo “Turco” Rodríguez, el exdiputado que sigue afiliado al Frente Renovador de la Concordia después de haberse hecho público que canjeaba contratos del IFAI por coitos, con decenas de mujeres explotadas sexualmente.
El diputado provincial y exgobernador Carlos Rovira, el presidente del Frente Renovador de la Concordia, opinó del resonante caso del diputado provincial Germán Kiczka, detenido junto a su hermano Sebastián, por pedofilia y tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. A través de una columna de opinión para el portal MisionesOnline, Rovira consideró que el de Kiczka es “un caso trágico que no se debe repetir”, al tiempo que consideró que las instituciones de Misiones “funcionan con excelencia”.
En su particular perspectiva sobre el caso que conmovió a la provincia y al país, Rovira aprovechó para defender la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos y hasta pidió sanciones para el partido Activar y para el Frente Juntos por el Cambio, que según él, convalidaron su postulación como candidato a diputado provincial, fallando “en ser los primeros filtros de antecedentes a la hora de confeccionar su oferta electoral”.
Curiosamente, Rovira evitó mencionar el caso de Juan Marcelo “Turco” Rodríguez, el expresidente del Instituto de Fomento del Agro y la Industria (IFAI, luego renombrado Instituto de Macroeconomía Circular) del que se conocieron cientos de chats sexuales en los que aparecen indicios incontrovertibles que muestran que canjeaba contratos laborales y otras dádivas a cambio de favores sexuales con decenas de mujeres.
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El exvicepresidente de la Legislatura y mano derecha de Rovira, sigue afiliado al Frente Renovador de la Concordia Social, aunque no ejerce ningún cargo público de alto nivel de exposición. Y pese a que el jefe de la Renovación sostiene que “las instituciones funcionan”, Rodríguez no fue investigado por la justicia por la presunta corrupción en el Estado –que incluyó el presunto delito de explotación sexual–, y tampoco fue investigado internamente por su sucesor en el rebautizado IMAC, el ultrarovirista Roque Gervasoni.
“La distribución de material de abuso sexual infantil representa un flagelo social imperdonable que debe ser condenado con toda la fuerza de las instituciones, que Misiones las tiene funcionando con excelencia. Por eso nuestro espacio político promovió, sin dilación y sin dudas, la expulsión y el corte definitivo de la representatividad de este diputado y del partido político que lo sustentó, considerando también que deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó”, lanzó Rovira en su columna en MOL, en un claro pedido de sanciones contra la disidencia política, una actitud que lo acerca a autócratas como Nicolás Maduro o Vladimir Putin.
Para Rovira, el de Kiczka es “un antecedente tan nefasto que solo se superará con la prevención, el análisis, el conocimiento por parte del conjunto de la sociedad y con la solvencia de la justicia para, al menos, atenuar los efectos devastadores que hoy repercuten en todo el país y el mundo”.
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“En esa línea, desde la Cámara de Diputados he promovido la primera Fiscalía para perseguir este tipo de delitos, junto al endurecimiento de las penas y la debida corresponsabilidad política de los partidos y frentes que incorporan a estos sujetos a la actividad, como correctivo”, pidió el exgobernador, evidentemente olvidando el caso del “Turco” Rodríguez, que si bien no es un pedófilo, se sospecha que explotaba sexualmente a sus empleadas en el IFAI.
De acuerdo con Rovira, “es claro que (el partido Activar y el frente Juntos por el Cambio) no han cumplido la tarea de ser los primeros filtros de antecedentes a la hora de confeccionar su oferta electoral. Hubo señales hace tiempo, que ahora algunos integrantes de la sociedad se animan a revelar”, opinó Rovira, pese a que Kiczka no tiene antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual.
Matizando un poco sus declaraciones “lombrosianas” –Césare Lombroso fue un médico italiano que planteó que las causas de la criminalidad están relacionadas con la forma, causas físicas y biológicas de las personas–, Rovira sostuvo en su columna: “Pero también es cierto que en este caso se trata de sociópatas que disimulan con astucia su comportamiento y cuentan con afinidad en su núcleo íntimo, afinidad en sus costumbres, sus modos de vida. Podría decirse que constituyen una suerte de asociación para el engaño, la manipulación, la estafa moral y política, escondiendo sus vicios y sus crímenes”, dijo el diputado provincial que estuvo 17 años como presidente de la Legislatura, después de haber fracasado en su intento de reformar la Constitución para conseguir la reelección indefinida.
Según Rovira, hombres como Kiczka, “se ofrecen engañosamente a incautos electores, primero y después al resto de la sociedad, como impulsores de supuestos cambios ayudados con propaganda armada para conseguir sus fines perversos”, cerró su columna el exgobernador.
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Además de la memoria selectiva que Rovira –por ejemplo, se olvidó de la violación y asesinato de Lieni “Tati” Piñeyro, por el que estuvieron sospechados los hijos del poder de Puerto Esperanza ligados al clan renovador de los exintendentes Alfredo y Gilberto Gruber–, llama la atención que el exgobernador considere que las instituciones funcionan en Misiones, cuando el juez de instrucción 4 de Apóstoles, Miguel Faría, a cargo de la causa contra Kiczka, tardara 6 meses en ordenar la detención de los hermanos.
Según la propia orden de detención firmada por Faría el 20 de agosto pasado, desde febrero ya había prueba sólida contra los hermanos Kiczka en la causa por pedofilia. Sin embargo, misteriosamente, la detención y pedido de desafuero del diputado coincidieron con la primera sesión de la Legislatura misionera tras el receso. Si el pedido se hubiese realizado antes, en la primera sesión de la Cámara probablemente se hubiera discutido sobre el resonante escándalo por el desvío de cientos de millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco, para comprar los bioherbicidas truchos –no aprobados por el SENASA– a la empresa Agro Sustentable.
¿Por qué era importante para el oficialismo y para Rovira, que no se hable de los bioherbicidas truchos? Porque Agro Sustentable es presidida por el CEO Joaquín Basanta. Y este último es un socio comercial de Ramiro Rovira, en la marca “Imprevisible”. Es decir, el hijo del conductor de la Renovación es socio del CEO de AgroSustentable, la empresa beneficiada por la ley de promoción de bioinsumos que impulsó Rovira en Misiones, y que prohíbe el uso del glifosato en la provincia.
