La reciente designación en comisión de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema generó un intenso debate político y jurídico en Argentina.
En diálogo con “La Última Rosca” de Radio Up 95.5, el especialista en derecho constitucional Rodrigo Bacigalupi explicó los alcances de esta medida y sus implicancias para el máximo tribunal.
“La designación se realizó a través de un decreto dentro de las facultades del Presidente, no necesariamente de necesidad y urgencia”, aclaró Bacigalupi. Según el abogado, este mecanismo es válido cuando el Congreso no está sesionando, como ocurrió en este caso: “Vencieron las sesiones extraordinarias y faltaban pocos días para que iniciaran las ordinarias”.
El punto clave es que la designación de jueces de la Corte Suprema debe ser aprobada por el Senado con una mayoría de dos tercios, un consenso que, según Bacigalupi, el Gobierno no logró. “Me parece que están apostando a no negociar con ninguna fuerza política opositora y esperar una nueva conformación del Senado en diciembre”, analizó.
¿Puede el Senado revertir la designación?
Respecto a la posibilidad de que el Congreso rechace estos nombramientos, Bacigalupi advirtió que el margen de acción es limitado. “Cualquier acto del Senado en contra de la designación de estos jueces tendría que tener también la misma mayoría agravada de dos tercios. Y me parece muy difícil que lo logren en esta conformación del Senado”, señaló.
Además, destacó que la Corte Suprema suele rechazar cualquier intento de anular fallos basándose en la forma en que llegaron los jueces a su cargo. “La Corte convalida cualquier reclamo de nulidad por el modo de designación. En eso han sido muy serios”, aseguró.
Uno de los puntos más controvertidos es la situación de Ariel Lijo, quien aún no ha jurado su cargo en la Corte. Según Bacigalupi, esto se debe a que solicitó licencia en su actual juzgado sin renunciar, una maniobra que podría costarle caro. “No está permitido. O debe renunciar o no aceptar. Si a fin de año no se aprueba su pliego, corre el riesgo de quedarse sin el juzgado”, explicó.
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Para el abogado, lo más probable es que Lijo termine optando por la Corte: “Es la mayor aspiración en la carrera de cualquier magistrado”.
Más allá del debate político y jurídico, Bacigalupi cree que este tema no tendrá un fuerte impacto en la opinión pública. “No veo gente manifestándose y el Congreso representando al pueblo para voltear a estos dos ministros”, opinó.
Por otro lado, consultado sobre la posibilidad de una intervención federal en la provincia de Buenos Aires, el abogado consideró poco viable esta medida. “Primero, no lo puede hacer solo el Poder Ejecutivo, necesita la conformidad del Congreso”, explicó.
Finalmente, Bacigalupi hizo un balance de las intervenciones federales en Argentina y su efectividad: “No han dado resultados positivos en general, más que pensar en desplazar a unas castas para que entren otras”.
