La reciente sanción de la ley en la Provincia de Misiones que habilita la creación de un área especializada en ciberdelitos hizo saltar las alarmas en el ámbito del derecho informático. La normativa, conocida como “Ley Mordaza”, y que “pretende mejorar la respuesta judicial frente a crímenes en el entorno digital”, contiene medidas que, según expertos, plantean riesgos significativos para la privacidad y el uso indebido de herramientas tecnológicas.
En diálogo con “El País de la Libertad”, Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), realizó fuertes críticas hacia la llamada “Ley Mordaza”, haciendo hincapié en la falta de claridad sobre los procedimientos que permitirá la normativa.
“Los allanamientos remotos son extremadamente graves”, advirtió Pomar, subrayando que la nueva ley habilita este tipo de medidas sin especificar con precisión cómo se implementarán.
Cabe señalar, que la ley otorga al Poder Judicial la posibilidad de realizar allanamientos remotos en dispositivos electrónicos, accediendo a la información contenida en ellos sin necesidad de incautación física. “Nuestros celulares hoy en día son una fuente de información donde se puede sacar mucho más que con un allanamiento físico en un departamento”, explicó Pomar. El problema radica en que la ley habilita esta práctica, pero deja dudas sobre los procedimientos técnicos y las garantías para evitar abusos.
Uno de los puntos más preocupantes es quiénes serán los proveedores del software necesario para llevar a cabo estos allanamientos. “¿Qué empresa le va a vender a la provincia un sistema para hackear un dispositivo?”, se preguntó Pomar. En este sentido, destacó que las provincias y el Estado nacional no desarrollan estos sistemas por sí mismos, lo que abre la puerta a la contratación de empresas privadas, sin claridad sobre las medidas de seguridad y control que se implementarán.
Otro aspecto cuestionable de la ley es la consideración del uso de VPN (redes privadas virtuales) como un agravante en las investigaciones. Pomar señaló que “esto no tiene precedentes y no sé si eso va a poder ser admitido como agravante por parte de un tribunal”. Este tipo de disposiciones podría vulnerar el derecho al anonimato en la navegación, un tema cada vez más relevante en el contexto digital actual.
Por otro lado, Pomar también hizo énfasis en la falta de debate que precedió a la sanción de la ley, lo que contrasta con experiencias internacionales, como en España, donde la implementación de medidas similares tomó siete años de discusión entre jueces, ministerios y universidades. “Si vos modificás el código sin debate, te das de frente contra jueces que dicen que esto es nulo”, advirtió, señalando que la rapidez en la aprobación de la ley podría derivar en problemas legales a futuro.
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El especialista también planteó dudas sobre la capacidad técnica para manejar los sistemas de vigilancia que la ley promueve. Aunque reconoció que existe capacidad para realizar múltiples monitoreos en simultáneo, destacó que muchos de los softwares utilizados en tareas de ciberpatrullaje no tienen claros sus propietarios ni su lugar de origen. Esto genera un vacío en la trazabilidad y control de estas herramientas, lo que podría derivar en un uso indebido o incluso en filtraciones de información sensible.
En tanto, un punto crítico, según Pomar, es la opacidad en la contratación de los sistemas de vigilancia digital. “Es muy difícil llevar un inventario de este tipo de herramientas. ¿Quién va a ser el que esté a cargo del control de que esto no se lo lleve a alguien de la fuerza o que termine en manos equivocadas?”, se preguntó. Además, resaltó que, en muchos casos, las empresas que proveen estos servicios operan mediante capas de intermediarios, lo que dificulta conocer el origen real del software y, en consecuencia, la seguridad que ofrecen.
El caso del sistema de reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires fue un ejemplo mencionado por Pomar para ilustrar los riesgos de estas contrataciones. En esa ocasión, la investigación judicial reveló graves inconsistencias en el uso del software y nunca se pudo determinar con precisión quién era el fabricante original.
Sin dudas, la ley de ciberdelitos sancionada en Misiones abre una nueva etapa en la lucha contra los crímenes digitales, pero también plantea serios interrogantes sobre el control, la transparencia y la legalidad de las herramientas que se emplearán. Para Pomar, el riesgo de abusos es evidente: “Todo el poder que está puesto a favor del Ministerio Público Fiscal, las dudas que deja respecto a la contratación pública y las incógnitas sobre cómo van a aceptar los jueces este tipo de medida nos dejan en un panorama preocupante”, completó.
