Manuel Jaramillo, el director general de Vida Silvestre, cuestionó la idea del presidente Javier Milei con respecto al desarrollo económico por medio de un modelo extractivista como el instaurado con la ley bases y el RIGI. Y puso como ejemplo la provincia de Chaco, donde “se convierten alrededor de 150 mil hectáreas por año para actividades agrícolas y ganaderas” y tienen “los peores indicadores de desarrollo social”.
Decenas de organizaciones ambientalistas firmaron un documento expresando su “profundo rechazo al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en ocasión de la firma del denominado Pacto de Mayo, en el que instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil”.
Consultado por el número de organizaciones que suscribieron al repudio al discurso de Milei, que fueron 55, Jaramillo comentó que seguramente superarán el centenar. “Después de las doce del mediodía, que hemos abierto otro espacio para que la cayera después de que se tomó conocimiento (del pronunciamiento) Muchas instituciones nos pidieron sumarse y yo creo que rápidamente vamos a llegar a más de cien organizaciones que comparten este mensaje, que principalmente lo que intenta es alertar sobre lo anticuado, podríamos decir, del concepto de utilización a modo de explotación de los recursos naturales”, comentó el ambientalista en tono crítico hacia el Pacto de Mayo firmado en Tucumán, este 9 de julio por el presidente y 18 gobernadores –entre ellos el misionero Hugo Passalacqua–.
“Hay varias cosas que parecen incongruentes, entre ellas justamente pensar que explotando los recursos naturales se puede lograr un verdadero desarrollo. Y también te diría que esto ya no en el pacto, sino en el discurso, responsabilizar a las organizaciones ambientales, que tenemos casi medio siglo trabajando en el país promoviendo diferentes modelos de desarrollo sustentable, de ser los responsables de la falta de desarrollo de los argentinos”, advirtió Jaramillo.
Consultado al respecto de si las organizaciones ambientalistas cuestionan que en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) no se contempla el desarrollo sustentable, Jaramillo explicó: “básicamente el RIGI, la mayor complicación que tiene es que da una estabilidad jurídica por treinta años. Y prohíbe a las provincias, a los municipios dictar nuevas normas que puedan afectar el desarrollo de las inversiones que lleguen bajo este régimen de promoción, en un contexto de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, del efecto negativo de la contaminación, por ejemplo”.
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“Más allá de pedir a la audiencia al presidente o a quien él designe para conversar estos temas, trabajaremos también a nivel de los gobernadores, que son quienes han firmado este pacto y quienes tienen el mandato de implementar su jurisdicción sobre los recursos naturales, creemos que muchas provincias han firmado esto como una cuestión declarativa solamente. Porque en la práctica sabemos que en muchas provincias se están implementando legislación y procesos de promoción de uso sustentable de los recursos naturales, de procesos participativos de gobernanza y toma de decisiones”, aclaró el referente de Vida Silvestre.
Lapidario con las ideas de Milei y el gobierno nacional que vinculan el extractivismo y el desarrollo económico, Jaramillo insistió en que las pruebas empíricas demuestran exactamente lo contrario: a más explotación de recursos naturales, peores indicadores socioeconómicos. “Creemos que ya hay pruebas de que la explotación de los recursos naturales no lleva al desarrollo. Eso se ve en la región chaqueña, donde se convierten alrededor de ciento cincuenta mil hectáreas por año en actividades agrícolas y ganaderas, dejándola entre las provincias (con) los peores indicadores de desarrollo social”.
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Esto también “se ha visto también la región patagónica donde se ha desertificado gran parte de la del campo, a partir del sobrepastoreo, y hoy se le adjudica a los guanacos, la falta de rentabilidad en la actividad productiva ganadera. Se ha visto en la explotación del mar argentino, donde la falta de control y fiscalización de lo que son las pesquerías está llevando rápidamente a la pérdida de biodiversidad y por eso a la pérdida de recursos pesqueros. Y se ha visto también en la zona núcleo de Argentina, donde la extrema utilización de la tierra, está llevando a la pérdida de los nutrientes que, día a día, año a año, son necesarios reincorporar para mantener la capacidad productiva”, fustigó Jaramillo.
Por otra parte, Jaramillo llamó la atención sobre los problemas que tendrá el gobierno para “conseguir inversionistas que lleguen a explotar y a confrontar con compromisos nacionales e internacionales de conservación representados en la Agenda 2030, en la Convención de Cambio Climático, en la Convención de energía biológica, que son compromisos ratificados por ley en nuestro país y por ser convenios internacionales tienen un estatus mayor que las leyes nacionales. Así que creo que ahí vamos a vamos a trabajar mucho también articulando con estos promotores del desarrollo y biodesarrollo, para que realmente ese desarrollo exista y sea sustentable y sea para todos los argentinos”, sentenció.
