El tribunal respaldó un planteo de la querella contra el dictamen fiscal que había pedido el sobreseimiento de la expresidenta en la causa conocida como “La Ruta del dinero K”. En la misma resolución confirmó al juez Sebastián Casanello al frente del expediente.
Este martes, la expresidente Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner, sufrieron un nuevo revés judicial en el marco de causas por presunta corrupción en el Estado y lavado de activos.
La Cámara Federal porteña falló en contra de la expresidente en la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez: respaldó un planteo de nulidad del dictamen fiscal que había pedido el sobreseimiento de la expresidenta, que ahora podrá seguir siendo investigada en el caso.
En base a ese dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, según publicó La Nación, el juez federal Sebastián Casanello había sobreseído a Cristina Kirchner. El magistrado advirtió en su fallo que no quedaban acusadores y, por ende, el caso contra la expresidenta no podía seguir adelante.
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Por otra parte, la Cámara Federal se negó este martes, en la misma resolución, a correr a Casanello del caso. “No observo motivos para apartarlo de la causa”, escribió el juez Mariano Llorens, que votó junto con Pablo Bertuzzi por anular el dictamen del fiscal y sostener al magistrado. El tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, se pronunció en disidencia respecto de sus pares al analizar el dictamen de Marijuan.
Asimismo, Llorens incorporó un pedido a Casanello para que avance con la investigación siguiendo las instrucciones que le dio la Cámara en intervenciones anteriores y le pidió que lo haga con celeridad. El 5 de junio del 2023 Casanello benefició a Cristina en esta causa, en la que Báez fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos. “Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió entonces el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta presentado Marijuan.
Ese pedido del fiscal había sido apoyado por los dos organismos estatales que intervienen como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Ambos estaban controlados por funcionarios kirchneristas, hasta diciembre del 2023.