El Dr. Jorge Dieguez, profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires, abordó en detalle la controversia en torno a la última sesión del Senado donde se efectuó la expulsión de Edgardo Kueider, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya participación generó debate debido a la ausencia del presidente y la posible falta de traspaso formal de mando.
En diálogo con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5, Dieguez explicó que “la vicepresidenta tenía derecho a presidir la sesión hasta que el escribano general de gobierno la notificó del traspaso de mando. Esto ocurrió, según lo declarado públicamente, dos horas después de finalizada la sesión”.
La sesión en cuestión terminó a las 16:33 y Villarruel habría firmado el acta del traspaso recién a las 19:00. “La Constitución establece que en caso de ausencia del presidente, el vicepresidente queda a cargo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto no es automático: requiere de un acto formal donde el escribano general levanta un acta firmada por el presidente y la vicepresidenta. Hasta que eso no ocurre, la cesión de mando no está completa”, detalló el abogado.
El acta y su importancia
Dieguez subrayó que la hora consignada en el acta es un punto central para evaluar la validez de la sesión. “Si el acta estaba antedatada, por ejemplo, a las 11 o 12 del mediodía, habría un problema. En ese caso, la sesión sería inválida porque el traspaso de mando habría ocurrido antes de que se realizara la votación en el Senado. Ahora bien, si la vicepresidenta dice que firmó a las 19 horas, quiero creer que la hora del acta coincide con esa declaración”, explicó.
El profesor también apuntó a la posibilidad de investigar una falsificación en caso de inconsistencias: “Si el acta estuviera antedatada, eso se podría impugnar mediante una acción de redargución de falsedad. Pero confío en que, siendo abogada, Villarruel habría asegurado que todo esté en orden”.
¿Quién puede impugnar la sesión?
Consultado sobre la posibilidad de declarar nula la sesión, Dieguez fue contundente: “No debería haber ningún planteo de nulidad por la participación de la vicepresidenta. El único que podría hacerlo es Kueider, porque fue el damnificado directo. En principio, no veo que otro senador pueda hacerlo, ya que todos participaron de la sesión y les cabe la teoría de los actos propios. ¿Qué podrían alegar? ¿Que no conocían que el presidente iba a traspasar el mando? Eso sería muy difícil de sostener”.
Además, Dieguez explicó que la justicia tiene un rol limitado en este tipo de controversias: “La doctrina de las cuestiones políticas no judiciables sigue teniendo vigencia. Se supone que cada poder del Estado es soberano para organizar su funcionamiento. En este caso, la justicia podría intervenir únicamente para analizar si se cumplieron los procedimientos formales”.
Sin embargo, el abogado señaló una posible vulnerabilidad en la validez de la sesión: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier procedimiento sancionatorio debe cumplir con garantías mínimas, como el derecho de defensa. Esto incluye no solo procesos penales, sino también administrativos y parlamentarios con carácter sancionatorio. En este caso, se podría cuestionar si a Kueider se le dio la oportunidad de defenderse adecuadamente antes de su destitución”.
Por otro lado, Dieguez hizo hincapié en la naturaleza sancionatoria de la remoción del senador, indicando que “privar a Kueider de su cargo como senador tiene claramente un carácter sancionatorio. Me pregunto si esta situación podría ser interpretada bajo el marco del Pacto de San José de Costa Rica, que establece garantías mínimas para estos casos”.
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Traspaso de mando: formalidades y obligaciones
El profesor también aclaró algunos aspectos sobre el proceso de traspaso de mando. “Aunque la vicepresidenta es presidente nato del Senado, si el presidente se ausenta del país, debe haber un traspaso formal. Esto no es algo que pueda obviarse. La notificación por el sistema GEDE que hizo la Casa Militar solo informa al escribano general de gobierno y su equipo para preparar el acta, pero no constituye el traspaso en sí”, explicó.
En cuanto a la supuesta falta de comunicación entre el escribano y Villarruel, Dieguez comentó: “El escribano habría intentado contactarse con la vicepresidenta por varios medios, incluso a través de una asistente administrativa. Para mí es evidente que ella estaba en conocimiento de la situación, y en ese caso debía proceder de inmediato a firmar el acta”.
Sobre la posibilidad de que el acta estuviera preparada con anterioridad, Dieguez aclaró: “Si el acta fue preparada con anticipación y el presidente la firmó, por ejemplo, a las 11 de la mañana, pero la vicepresidenta la firmó a las 19 horas, ahí habría un problema. Si se consigna un horario anterior al real, eso podría ser impugnado”.
“No creo que haya nulidad, pero habrá que ver el acta”
Finalmente, el Dr. Jorge Dieguez reafirmó que la validez de la sesión depende de elementos formales clave: “Si la hora consignada en el acta coincide con lo que declaró la vicepresidenta, no habría irregularidad. Pero si el acta estuviera antedatada, entonces sí estaríamos ante un problema grave que podría llevar a la impugnación de la sesión”.
Este caso pone en el centro del debate jurídico y político el equilibrio entre las formas y los derechos, mientras se aguarda mayor claridad sobre los documentos involucrados y la posible reacción del senador Kueider, único con legitimidad directa para impugnar. “Todo esto se definirá en función de la documentación y los procedimientos, pero, hasta ahora, no veo un escenario en el que prospere una nulidad”, concluyó.
