El conflicto entre la Municipalidad de Posadas y la Policía de Misiones por las cámaras de seguridad del sistema 911 sumó un capítulo económico. Durante una entrevista en el programa Arriba la Radio, por Radio Up, el jefe de la fuerza provincial, Sandro Martínez, confirmó la existencia de un reclamo por servicios prestados al municipio, cuya deuda fue cifrada en 2.300 millones de pesos durante la conversación.
La cuestión surgió después de que la Municipalidad intimara a la institución policial a presentar documentación relacionada con la instalación de dispositivos de videovigilancia en espacios públicos. En su respuesta, la Jefatura también incorporó el reclamo económico que, según Martínez, se encuentra pendiente desde hace tiempo.

Una deuda acumulada por servicios policiales
Martínez explicó que la Policía mantiene convenios de colaboración con municipios de toda la provincia, mediante los cuales participa en distintas actividades que generan costos operativos para la institución. Entre esas prestaciones mencionó los controles de tránsito, la cobertura de eventos, los servicios adicionales y la realización de pruebas de alcoholemia vinculadas con procedimientos municipales.
Según detalló, estas tareas requieren recursos humanos, equipamiento e insumos que son aportados por la fuerza provincial.
El jefe policial señaló que la institución percibe un porcentaje de las multas cobradas en el marco de esos procedimientos, recursos que se reinvierten en el funcionamiento de los operativos y en la adquisición de materiales. Sin embargo, afirmó que Posadas mantiene obligaciones económicas pendientes con la Policía.

“Nunca hemos realizado ningún tipo de intimación”
El funcionario explicó que, pese a la deuda que atribuye a la Municipalidad, la institución nunca decidió interrumpir los servicios ni recurrir a intimaciones formales para exigir el pago. “A pesar de eso nunca hemos realizado ningún tipo de intimación, ningún tipo de carta de documento, porque seguimos generando ese servicio”, expresó.
Martínez justificó esa postura en la necesidad de mantener las tareas que benefician a los vecinos y al propio municipio. De acuerdo con su explicación, la continuidad de los servicios responde a una decisión institucional de priorizar la seguridad y la colaboración entre organismos públicos, independientemente de las obligaciones económicas pendientes.

Por qué la Policía incorporó el reclamo en su respuesta al municipio
El jefe policial reconoció que la decisión de recordar la deuda estuvo directamente relacionada con el tono de la comunicación recibida desde la Municipalidad. Según explicó, la intimación municipal otorgó un plazo de diez días para presentar documentación sobre las cámaras de seguridad y advirtió sobre posibles sanciones.
Frente a esa situación, la Jefatura consideró oportuno incluir en su contestación las obligaciones económicas que atribuye a la comuna. Martínez sostuvo que el reclamo no había sido planteado anteriormente mediante una carta documento o una intimación, precisamente porque la Policía había priorizado la continuidad de la colaboración institucional.
La controversia deja planteados dos asuntos diferentes: por un lado, la discusión administrativa y jurídica sobre las cámaras del sistema 911; por otro, la deuda que la institución policial reclama por servicios prestados.
La continuidad de los servicios no está condicionada al pago
Pese al conflicto, Martínez aseguró que la Policía continuará trabajando en la capital provincial. Durante la entrevista también mencionó que la fuerza desarrolla tareas vinculadas con la seguridad vial y prepara nuevas estrategias para responder a problemas que generan preocupación en los barrios, como la circulación de motocicletas con escapes libres.
La decisión de mantener estos operativos, explicó, forma parte de las responsabilidades de la institución con la ciudadanía. El reclamo de 2.300 millones de pesos introduce así un componente financiero en la relación entre el municipio y la Provincia, cuya dimensión y composición requieren conocer el detalle administrativo de las prestaciones y los pagos pendientes.
Por el momento, la cifra corresponde al reclamo atribuido a la institución policial. En la entrevista no se presentó un desglose documental que permita establecer los períodos comprendidos, los conceptos individuales ni los eventuales pagos realizados.
La discusión, que comenzó con una intimación por el uso del espacio público, ahora también involucra recursos económicos y compromisos entre dos organismos del Estado.



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