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La campaña de solidaridad hacia El Pocito, comunidad mbya guaraní emplazada en jurisdicción de Capioví, que comenzó a circular desde este sábado 2 de agosto, cosechó inmediatamente la solidaridad y adhesión de organismos de derechos humanos, de pueblos indígenas, académicos y referentes de todo el país. Este lunes tuvieron una nueva reunión con funcionarios de la Municipalidad y del gobierno provincial.
Este conflicto, según advierten desde distintas organizaciones, especialmente el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA), que forma parte del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), representa una violación grave de los derechos territoriales reconocidos por la Constitución Nacional, la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT, y forma parte de una preocupante escalada de violencia e intolerancia contra los pueblos originarios.
Mesa de diálogo por el conflicto en El Pocito
Cobra importancia la visibilidad de este reclamo porque este lunes continuó la , en el municipio de Capiovi, donde elmesa de diálogo supuesto titular registral habría acercado una propuesta a la Comunidad.
En la reunión, que habría empezado a las 9 de la mañana en la Municipalidad de Capioví, participaron integrantes de la Comunidad Mbya Guaraní El Pocito, funcionarios locales y provinciales, y el ciudadano Javier Strieder, quien pretende alambrar parte del monte nativo que forma parte del territorio ancestral de la Comunidad.
El Mburuvicha segundo Crispín Benítez, docente y referente de El Pocito, dejó en claro: “No reclamamos el lote completo, sino la parte de monte que nos corresponde. Estamos reclamando sobre el relevamiento territorial de un espacio que ocupamos ancestralmente”. “Tenemos esos derechos y vamos a defenderlos. Si nosotros mismos, los guaraníes, no luchamos por ello, los no indígenas no lo van a hacer. Somos los principales actores que promovemos esta lucha”, defendió.
Al tiempo que resaltó que en la comunidad «valoramos mucho los árboles, animales, medicina ancestral y queremos que siga de pie ese monte, que nadie toque”.
Avance sobre territorio indígena y desinformación
En las últimas semanas, algunos medios locales difundieron versiones falsas sobre una supuesta “donación” de tierras por parte de Strieder. Representantes legales de la Comunidad El Pocito aclararon que no hubo ofrecimiento de propiedad, sino una propuesta informal de “permitir el paso” bajo autorización previa.
Además, el Ministerio de Ecología de Misiones, aunque constató la presencia de maquinaria pesada y desmonte ilegal en dos inspecciones, no asistió a las reuniones oficiales, lo que evidencia una actitud de parcialidad ante la vulneración de derechos indígenas.
Solidaridad que crece
La campaña de solidaridad busca visibilizar la lucha de la Comunidad, pero sobre todo alertar sobre la presencia de personas que pretenden generar hostilidad contra los pueblos indígenas en nuestra provincia, una situación que ya se vivió en localidades como San Ignacio.
Surge además ante la proliferación de declaraciones que pretenden poner en duda la prexistencia de los pueblos guaraníes en Misiones, intentan sumar a vecinos a “combatir” la ocupación y posesión pacífica y tradicional de las Comunidades, en una descabellada cruzada en defensa de la propiedad privada, desconociendo abiertamente la legislación que protege de manera especial a estos pueblos y sus territorios.
Entre las primeras adhesiones se destacan el Aty Ñeychyrõ, Consejo Originario del Pueblo Tasitl Salta, Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros (EMiDH), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA); INCUPO –Instituto Nacional de Cultura Popular-; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Red Corrientes de Derechos Humanos; Servicio Evangélico de Diaconía (SEDi); Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana (UNNE); Red de Salud Mental Comunitaria; Campus Córdoba del Right Livelihood College (Nobel Alternativo), el SERPAJ Misiones, Secretaria de Relaciones con Pueblos Originarios de la CTA Nacional, CTA Misiones, Red de Agricultura Organica de Misiones –RAOM-; LAICRIMPO.
También se sumaron a la lucha las organizzaciones de Corriente Clasista y Combativa (CCC); Federación Nacional Campesina (FNC); PIP – Productores Independientes de Piray; Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Movimiento Nacional de Salud LAICRIMPO, APAM, MPL, MCL, Encuentro Plurinacional de Naciones, Pueblos e Identidades Originarias; Colectivo Semillas Autoconvocadas (Montecarlo, Misiones), Tekoa ARA PYAÚ Renacer, Mesa de Asuntos Indígenas de General Pueyrredón (Mar del Plata).
Finalmente, acompaña el Parlamento de los Pueblos Indígenas del Chaco Americano y ZICOSUR; MTE, Movimiento Evita; Colectivo Cultural El Soberbio; Mesa Provincial Contra las Represas; Espacio Chacabuco; Unidad Popular, Patria Grande, Partido Obrero Misiones; Izquierda Socialista Misiones, PTP Partido del Trabajo y el Pueblo; Partido Tierra Techo y Trabajo; PCR Partido Comunista Revolucionario; entre otras organizaciones y referentes académicos, sociales, territoriales.
️ Comunidades indígenas siguen protegidas contra desalojos pese a la derogación parcial de la Ley 26.170. Roxana Rivas recordó que sus derechos están en la Constitución y tratados internacionales. https://t.co/ShkFYEafWn pic.twitter.com/Z0KHRVRVwP
— Radio Up 95.5 (@radioup955) July 31, 2025
